La conocida como “ley de seguridad ciudadana” lleva tiempo siendo un tema candente en el ámbito político y social, pero las recientes propuestas para modificarla parecen tener un impacto particular en territorios como Ceuta y Melilla. Desde el prisma local, la sensación es clara: se pretende transformar nuestras fronteras en auténticas puertas giratorias, donde la entrada irregular deje de ser un problema para convertirse en un derecho sin restricciones.
La conocida como “ley de seguridad ciudadana” lleva tiempo siendo un tema candente en el ámbito político y social, pero las recientes propuestas para modificarla parecen tener un impacto particular en territorios como Ceuta y Melilla. Desde el prisma local, la sensación es clara: se pretende transformar nuestras fronteras en auténticas puertas giratorias, donde la entrada irregular deje de ser un problema para convertirse en un derecho sin restricciones.
Ceuta y Melilla son enclaves singulares, con una presión migratoria constante que no tiene comparación en el resto del territorio nacional. Aquí, la frontera no es solo un límite geográfico, sino una línea de defensa que equilibra derechos, deberes y la propia convivencia. Si esa línea se desdibuja, las consecuencias no solo recaerán en quienes vivimos en estas ciudades, sino en la seguridad de toda España y Europa.
Quienes defienden estas modificaciones argumentan que se busca garantizar derechos humanos y evitar actuaciones desproporcionadas por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la realidad sobre el terreno nos dice otra cosa. Las condiciones actuales ya son complicadas, con una Guardia Civil que muchas veces actúa al límite de sus capacidades y con un sistema de acogida que no da abasto. Relajar aún más los controles es como apagar un incendio echando gasolina.
Es necesario plantear un equilibrio entre humanidad y pragmatismo, pero ese equilibrio no se alcanza convirtiendo nuestras ciudades en “barras libres” de entrada. La seguridad de las fronteras no es un capricho ni una concesión a ideologías extremas; es una necesidad para mantener el orden y garantizar la paz social. Y esto no se entiende desde un despacho en Madrid, sino desde el día a día de los que vivimos aquí.
Las reformas a esta ley no pueden ignorar las realidades de Ceuta y Melilla. Lo que está en juego no es solo el control migratorio, sino la esencia misma de lo que significa convivir en una frontera tan compleja como esta. Dejemos de jugar con teorías y pongamos los pies en el suelo antes de que sea demasiado tarde.