El relato es claro: el Consejo General del Poder Judicial avisó en enero y febrero de problemas en las pulseras antimaltrato, y aun así el Ministerio de Igualdad no movió ficha hasta que la polémica estalló en los medios. Las cartas, los informes y las reuniones están documentados. No hablamos de rumores, hablamos de advertencias oficiales que fueron aparcadas en un cajón.
El relato es claro: el Consejo General del Poder Judicial avisó en enero y febrero de problemas en las pulseras antimaltrato, y aun así el Ministerio de Igualdad no movió ficha hasta que la polémica estalló en los medios. Las cartas, los informes y las reuniones están documentados. No hablamos de rumores, hablamos de advertencias oficiales que fueron aparcadas en un cajón.
El caso es especialmente grave porque se trata de la herramienta más conocida y simbólica de protección frente a la violencia machista. Cuando una mujer lleva una pulsera, confía en que el Estado vigila por ella. Si ese sistema falla y, además, se ignoran los avisos, lo que se quiebra no es solo la tecnología, sino la confianza en las instituciones.
Ana Redondo, al frente de Igualdad, no puede refugiarse en tecnicismos ni en promesas a futuro. Si el Gobierno sabía y no actuó, estamos ante una irresponsabilidad política de primer orden. La descoordinación, la burocracia y la pasividad se convierten en cómplices silenciosos de un riesgo que debería haberse atajado de inmediato.
Es evidente que el CGPJ cumplió con su obligación trasladando las incidencias. Fue el Ministerio el que, teniendo la pelota en su tejado, no la quiso jugar. Y mientras tanto, las víctimas quedaron expuestas a un peligro que se pudo minimizar con diligencia y seriedad.
No hay excusas posibles. El Gobierno, y en particular la responsable de Igualdad, tienen que dar explicaciones convincentes y, lo más urgente, soluciones. Porque las pulseras no son un accesorio político: son un salvavidas. Y cuando un salvavidas se rompe y nadie lo repara a tiempo, las consecuencias pueden ser fatales.