Mañana se cumplen treinta días desde que Ceuta sufrió una crisis migratoria sin precedentes y, un mes después, la sensación que queda en la ciudad es demoledora: el Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado tarde, mal y a remolque de los acontecimientos. Treinta días después, miles de inmigrantes continúan en Ceuta, condicionando la vida de los ceutíes, mientras el Ejecutivo sigue dando la impresión de no haber entendido todavía la verdadera dimensión de lo ocurrido. Un mes entero para reaccionar. Un mes entero para improvisar. Un mes entero para mirar hacia otro lado.
Mañana se cumplen treinta días desde que Ceuta sufrió una crisis migratoria sin precedentes y, un mes después, la sensación que queda en la ciudad es demoledora: el Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado tarde, mal y a remolque de los acontecimientos. Treinta días después, miles de inmigrantes continúan en Ceuta, condicionando la vida de los ceutíes, mientras el Ejecutivo sigue dando la impresión de no haber entendido todavía la verdadera dimensión de lo ocurrido. Un mes entero para reaccionar. Un mes entero para improvisar. Un mes entero para mirar hacia otro lado.
Lo más grave no es únicamente la magnitud de la crisis, sino la absoluta falta de previsión y de respuesta. Antes de que todo ocurriera ya se había advertido del incremento preocupante de los flujos migratorios. Desde el primer momento se reclamó un mando único que coordinara una respuesta nacional ante una situación que desbordaba por completo las capacidades de una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados. Europa, además, ofreció su colaboración. Pero el Gobierno no quiso, no supo o no pudo reaccionar a tiempo. Mientras Ceuta intentaba sobrevivir a la mayor crisis de las últimas décadas, Madrid parecía estar en otra cosa. Y mientras los ceutíes afrontaban las consecuencias, el Gobierno se fue de vacaciones.
Ahora, cuando han transcurrido treinta días, llegan las decisiones que deberían haberse tomado desde el principio. Hace apenas dos días se decretó el mando único. Hace dos días se solicitó ayuda económica a Europa para hacer frente a la atención de los menores. Ayer se pidió también apoyo de Frontex. ¿De verdad hacía falta esperar un mes? ¿Era necesario que Ceuta soportara durante semanas la presión migratoria, económica, social y asistencial para que el Gobierno empezara a actuar? Lo que debería haber sido una respuesta inmediata se ha convertido en una sucesión de parches, anuncios y rectificaciones.
Y mientras tanto, ¿quién paga la factura? Los ceutíes. La pagan los comerciantes que han visto caer su actividad, los empresarios que han perdido ingresos, los sanitarios que trabajan al límite, los servicios públicos desbordados, los trabajadores que tienen que convivir diariamente con una situación excepcional y, en definitiva, una ciudadanía que lleva un mes soportando unas consecuencias que no ha provocado. Ceuta no pidió esta crisis. Ceuta no la generó. Pero Ceuta está pagando sus consecuencias.
Resulta especialmente indignante que durante semanas se haya intentado rebajar la gravedad de lo ocurrido. No estamos hablando de un episodio menor ni de una simple coyuntura migratoria. Estamos hablando de una crisis que afectó directamente a la seguridad, a los servicios públicos, a la economía y a la convivencia de una ciudad española. Y ante una situación de semejante dimensión, el Estado tenía la obligación de estar presente desde el primer minuto. No cuando el problema ya se ha enquistado. No cuando la presión social resulta insoportable. No cuando las imágenes obligan a reaccionar. Desde el principio.
Y hay algo todavía más doloroso para Ceuta: la sensación de abandono y de falta de firmeza frente a Marruecos. Una cosa es defender las relaciones diplomáticas y otra muy distinta confundir diplomacia con silencio. Cuando una frontera española se convierte en escenario de una crisis de esta magnitud, el Gobierno de España tiene que defender con claridad la integridad territorial, la seguridad y los intereses de los españoles. No puede transmitir permanentemente la impresión de que quien provoca la presión nunca tiene responsabilidad alguna y que las consecuencias siempre recaen sobre quienes están al otro lado de la frontera.
Treinta días después, Ceuta sigue esperando respuestas. Y lo mínimo que merece una ciudad española que ha soportado semejante situación es un Gobierno que esté a la altura. Un Gobierno que anticipe, que proteja, que coordine y que actúe. No uno que llegue cuando ya es demasiado tarde. La paciencia de los ceutíes tiene un límite. Y después de treinta días de improvisación, abandono y parches, la pregunta ya no es cuándo reaccionará el Gobierno. La pregunta es cuánto más tendrá que soportar Ceuta para que Sánchez y su Ejecutivo comprendan que esto va mucho más allá de una crisis migratoria: es una cuestión de Estado.
