Ceuta no puede asumir como inevitable que una entrada irregular masiva termine convirtiéndose en un derecho automático a permanecer en España. Ese es el fondo del debate abierto por Juan Vivas y Alberto Núñez Feijóo: si el Estado quiere evitar que la frontera deje de ser una frontera y se transforme en una puerta permanentemente abierta, debe actuar con determinación. La respuesta no puede depender del número de personas que hayan conseguido cruzarla ni de la presión política, mediática o social que se genere después.
Ceuta no puede asumir como inevitable que una entrada irregular masiva termine convirtiéndose en un derecho automático a permanecer en España. Ese es el fondo del debate abierto por Juan Vivas y Alberto Núñez Feijóo: si el Estado quiere evitar que la frontera deje de ser una frontera y se transforme en una puerta permanentemente abierta, debe actuar con determinación. La respuesta no puede depender del número de personas que hayan conseguido cruzarla ni de la presión política, mediática o social que se genere después.
La posición defendida por Vivas y Feijóo parte de una idea que merece ser discutida sin complejos: quienes entraron irregularmente en Ceuta durante los acontecimientos del 30 y 31 de julio deben regresar, siempre mediante los procedimientos previstos por la ley. También cuando se trate de menores, porque proteger a un menor no significa necesariamente mantenerlo en España. Si su familia está en Marruecos, la reunificación familiar puede ser precisamente la solución que mejor responda a su interés y a su derecho a crecer junto a los suyos.
Ceuta tampoco puede convertirse en el destino final de una política improvisada. Trasladar a la península a cientos de menores puede aliviar temporalmente una situación, pero no resuelve el problema de fondo y puede generar un poderoso efecto llamada. Si cada entrada irregular acaba teniendo como consecuencia una oportunidad de permanencia en territorio peninsular, el mensaje que se transmite al exterior resulta difícil de ignorar. Una frontera europea necesita reglas claras, y esas reglas deben cumplirse.
Ahora bien, defender el retorno de todos no puede significar ignorar las garantías jurídicas que corresponden a cada persona, especialmente a los menores. El Estado debe identificar, tramitar y ejecutar cada retorno con todas las garantías legales y con una cooperación real de Marruecos. Lo contrario no sería firmeza, sino improvisación. Precisamente por eso, si Marruecos está dispuesto a hacerse cargo de sus nacionales, debe facilitar las verificaciones familiares y asumir su responsabilidad.
Ceuta necesita certezas, no parches. Y la principal certeza debe ser que una entrada irregular no constituye un pasaporte para quedarse. Todos aquellos cuya devolución sea legalmente posible deben regresar. Sin excepciones basadas en la conveniencia política, sin traslados que simplemente desplacen el problema y sin convertir la protección de los menores en una vía indirecta de permanencia. La solidaridad y la protección pueden y deben coexistir con el control de las fronteras: devolver a quienes entraron irregularmente no es abandonar a nadie; es hacer que la ley vuelva a significar algo.
