Resulta difícil no estar de acuerdo con la denuncia que ha lanzado el PSOE sobre el estado de los centros escolares en nuestra ciudad. Cuando un partido habla de que “los colegios se caen a trozos”, no lo hace desde la exageración, sino desde la constatación de una realidad que cualquiera puede comprobar con una simple visita a varios centros públicos. Goteras, ventanas que no cierran, muros agrietados, baños que dan pena… y un largo etcétera. ¿Cómo es posible que un Gobierno que presume de estabilidad y compromiso social tolere este abandono?
Resulta difícil no estar de acuerdo con la denuncia que ha lanzado el PSOE sobre el estado de los centros escolares en nuestra ciudad. Cuando un partido habla de que “los colegios se caen a trozos”, no lo hace desde la exageración, sino desde la constatación de una realidad que cualquiera puede comprobar con una simple visita a varios centros públicos. Goteras, ventanas que no cierran, muros agrietados, baños que dan pena… y un largo etcétera. ¿Cómo es posible que un Gobierno que presume de estabilidad y compromiso social tolere este abandono?
El problema, por desgracia, no es nuevo. Pero eso no exime al actual Ejecutivo local, del Partido Popular, de su responsabilidad. No se puede mirar hacia otro lado cuando se trata de algo tan básico como la seguridad y la dignidad de los espacios donde estudian nuestros hijos. Los colegios no pueden seguir siendo los grandes olvidados de los presupuestos año tras año. La educación no se defiende solo con palabras bonitas, sino con inversiones reales y voluntad política.
Sorprende, además, el silencio institucional ante estas denuncias. Ni una hoja de ruta, ni un plan de choque, ni tan siquiera un mensaje tranquilizador. ¿Qué espera el Gobierno local para actuar? ¿A que ocurra una desgracia? Prevenir es gobernar, y lo que hoy parece una simple filtración, mañana puede ser una tragedia si no se actúa con diligencia.
Esto no va de siglas ni de reproches partidistas. Va de sentido común, de prioridades, de mirar más allá del corto plazo. Nuestros colegios no pueden seguir funcionando gracias a la paciencia del profesorado y al esfuerzo de las familias, que muchas veces suplen con su dinero lo que las administraciones no hacen.
La educación pública necesita hechos, no excusas. Y si los centros escolares están en ruinas, el primer deber del Gobierno es reconocerlo y ponerse manos a la obra. Porque dejar a los niños en un colegio en mal estado no es solo una negligencia, es una forma muy clara de decirles que no importan.