El espectáculo que ofrece el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Ceuta ya no es una crisis política: es una estafa democrática en toda regla. Amenazarse entre compañeros con querellas criminales, darse ultimátums de 48 horas para abrir cajas de caudales y ventilar sospechas de desfalco contable mientras cobran religiosamente de las arcas públicas constituye una afrenta intolerable para los ciudadanos. Y lo más grave no es la bajeza de quienes protagonizan este sainete; lo verdaderamente obsceno es la cobardía del partido que los tolera y los mantiene sentados en sus sillones.
El espectáculo que ofrece el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Ceuta ya no es una crisis política: es una estafa democrática en toda regla. Amenazarse entre compañeros con querellas criminales, darse ultimátums de 48 horas para abrir cajas de caudales y ventilar sospechas de desfalco contable mientras cobran religiosamente de las arcas públicas constituye una afrenta intolerable para los ciudadanos. Y lo más grave no es la bajeza de quienes protagonizan este sainete; lo verdaderamente obsceno es la cobardía del partido que los tolera y los mantiene sentados en sus sillones.
¿Qué clase de organización permite que sus representantes conviertan el salón de plenos en una taberna de ajuste de cuentas? El PSOE, tanto en su ejecutiva local como desde Ferraz, asiste impasible a este desguace moral. Callan, contemporizan y miran hacia otro lado, permitiendo que una pandilla de náufragos aferrados al acta degrade la representación ciudadana a niveles cloacales. Mantener a estos parlamentarios en sus puestos no es prudencia; es complicidad y desprecio puro hacia sus propios votantes.
Ceuta se encuentra sumida en tensiones permanentes y urgencias vitales, pero su principal partido de la oposición está demasiado ocupado vigilando las facturas del café o tramando traiciones de pasillo. Han convertido la política en un negocio de trincheras personales. Que sigan ahí, blindados por su carnet y cobrando dietas mientras se acusan de delitos económicos, es una burla que debería inhabilitarlos éticamente de por vida. Si al partido le quedara una brizna de dignidad, ya habría expulsado a toda la comitiva y exigido la devolución inmediata de las actas. Pero no lo harán: el sillón siempre cotiza más alto que la vergüenza.