Lo ocurrido este jueves en las playas de Ceuta es la consecuencia de una indignación que lleva demasiado tiempo acumulándose. Casi un mes después de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, la ciudadanía continúa esperando respuestas mientras contempla cómo parte de quienes llegaron siguen en las calles, en asentamientos improvisados y en distintos puntos de la ciudad. El hartazgo es comprensible. La violencia, sin embargo, no lo es.
Lo ocurrido este jueves en las playas de Ceuta es la consecuencia de una indignación que lleva demasiado tiempo acumulándose. Casi un mes después de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, la ciudadanía continúa esperando respuestas mientras contempla cómo parte de quienes llegaron siguen en las calles, en asentamientos improvisados y en distintos puntos de la ciudad. El hartazgo es comprensible. La violencia, sin embargo, no lo es.
Quemar sombrillas, enfrentarse a quienes están en los asentamientos, bloquear vehículos de ayuda o convertir la protesta en una batalla contra quienes están al otro lado no va a solucionar absolutamente nada. Al contrario: la violencia solo genera más violencia y termina perjudicando precisamente a una ciudadanía que tiene razones sobradas para exigir responsabilidades. Además, proporciona al Gobierno una salida demasiado fácil: hablar de altercados y de convivencia y dejar en segundo plano la cuestión fundamental, que es cómo recuperar la normalidad en Ceuta.
Porque el enfado de los ceutíes no ha aparecido de la nada. El propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha reconocido que la indignación está justificada, mientras el Gobierno central sigue defendiendo que los retornos deberán realizarse dentro de la legalidad y pide evitar cualquier episodio de violencia.
Pero precisamente por eso hay que señalar al responsable político de tomar decisiones: el Gobierno de Pedro Sánchez. Si los procedimientos ordinarios no están permitiendo resolver una situación extraordinaria con la rapidez que exige Ceuta, corresponde al Ejecutivo estudiar y aplicar todas las herramientas que ofrece nuestro ordenamiento jurídico.
Y aquí es donde debería concentrarse la presión ciudadana: en reclamar, dentro de la Constitución y de la ley, las medidas excepcionales que sean jurídicamente procedentes. El artículo 116 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981 regulan los estados de alarma, excepción y sitio. El estado de excepción, en concreto, está previsto para situaciones en las que el libre ejercicio de los derechos, el normal funcionamiento de las instituciones o el orden público resulten gravemente alterados. Su declaración requiere autorización previa del Congreso.
Eso no significa que declarar el estado de excepción suponga automáticamente "echar" a todos los inmigrantes de Ceuta. Sería jurídicamente incorrecto afirmarlo. Pero sí significa que, ante una situación que las autoridades consideran extraordinaria, debe debatirse seriamente si concurren los requisitos constitucionales y legales para activar mecanismos excepcionales y dotar al Estado de los instrumentos necesarios para recuperar el control y garantizar la seguridad.
Ceuta necesita firmeza, no incendios. Necesita policías, medios, identificación, procedimientos ágiles, retornos cuando legalmente procedan y una estrategia de Estado. Y necesita, sobre todo, que sus vecinos puedan volver a vivir sin miedo.
Por eso, quien quiera protestar, que proteste. Quien quiera exigir responsabilidades, que las exija. Que se salga a la calle, que se llenen las plazas y que se presione al Gobierno hasta que actúe. Pero que nadie convierta el hartazgo en violencia.
Porque el objetivo no puede ser descargar la rabia contra otro ciudadano, contra un inmigrante, contra una ONG o contra un agente de Policía. El objetivo tiene que estar mucho más arriba: exigir al Gobierno que cumpla con su obligación y utilice, si jurídicamente procede, todos los mecanismos que la Constitución pone en sus manos.
Ceuta no necesita una guerra entre ciudadanos. Necesita que el Estado vuelva a ejercer su responsabilidad. Y esa batalla, la verdaderamente importante, se gana con la ley, con la movilización pacífica y con presión política. No con fuego.
