La protección de datos no es un juguete

En las empresas públicas se manejan cada día miles de datos personales: nóminas, expedientes, informes médicos, direcciones, teléfonos, sanciones, contratos… Datos que pertenecen a personas, no a despachos ni a políticos. Y sin embargo, cada vez es más frecuente ver cómo esa información acaba circulando fuera del ámbito que le corresponde, vulnerando derechos fundamentales sin que nadie asuma responsabilidades.

No hablamos de errores involuntarios o descuidos menores. Hablamos de filtraciones interesadas, de documentos que aparecen en manos ajenas, de conversaciones internas que terminan en la prensa o en redes sociales, y de un desprecio absoluto por la confidencialidad que debe regir cualquier institución pública. Cuando eso ocurre, no solo se incumple la ley, se rompe la confianza entre los trabajadores y la dirección, entre la empresa y la ciudadanía.

La Ley Orgánica de Protección de Datos y el Reglamento Europeo no están ahí como un adorno jurídico: obligan a proteger la información de todos, incluso de aquellos que no tienen voz para defenderse. Pero en algunos casos parece que dentro de lo público hay quien confunde la transparencia con la impunidad, o la libertad de expresión con el libertinaje de divulgar lo que no le pertenece.

El daño que provoca una filtración no se mide solo en sanciones económicas o en procedimientos disciplinarios. Se mide en reputaciones destruidas, en ambientes laborales enrarecidos, en trabajadores señalados sin pruebas, y en la sensación de que la ética administrativa ha pasado a ser un concepto decorativo. Y lo peor: casi siempre, el filtrador se esconde tras la cobardía del anonimato.

Una empresa pública debe ser ejemplo de legalidad y de respeto. Si desde dentro se permite —o se tolera— que la información confidencial se use como arma de ataque, lo que se está haciendo es corromper la esencia del servicio público. Porque quien filtra datos personales no denuncia una irregularidad: la comete.

Es momento de recordar que la protección de datos no es un formalismo, sino una frontera moral. Y quien la traspasa debería responder, no solo ante la ley, sino ante los valores más básicos de convivencia y respeto. La información pública debe servir para construir confianza, no para alimentar guerras internas ni venganzas personales.

Hay silencios que protegen, y hay palabras que destruyen. En el terreno de la gestión pública, el límite está claro: la privacidad no se toca.