Ceuta no puede seguir siendo el laboratorio de contención de una política migratoria fallida ni el embudo perpetuo de una frontera desbordada. El eterno debate sobre el colapso de las plazas de acogida y la saturación de los recursos para menores no acompañados parte de un diagnóstico deliberadamente erróneo: pretender que la solución estructural radica en repartir la presión entre autonomías en lugar de abordar la raíz del problema en la propia línea fronteriza.
Ceuta no puede seguir siendo el laboratorio de contención de una política migratoria fallida ni el embudo perpetuo de una frontera desbordada. El eterno debate sobre el colapso de las plazas de acogida y la saturación de los recursos para menores no acompañados parte de un diagnóstico deliberadamente erróneo: pretender que la solución estructural radica en repartir la presión entre autonomías en lugar de abordar la raíz del problema en la propia línea fronteriza.
El territorio de la Ciudad Autónoma, por sus evidentes limitaciones geográficas y de infraestructuras, es materialmente incapaz de sostener flujos constantes. Sin embargo, la respuesta institucional insiste en parches asistenciales y llamamientos a la solidaridad territorial que solo consiguen cronificar la crisis. Asumir la tutela indefinida y normalizar traslados a la península no resuelve el colapso; actúa como un potente catalizador que multiplica los incentivos para que las mafias sigan operando y empujando a personas hacia el vallado o los espigones.
La única salida verdaderamente estructural pasa por aplicar de forma estricta y sistemática los mecanismos de retorno y devolución efectiva para quienes acceden irregularmente a suelo nacional, con independencia de su edad. La protección del menor no debe confundirse con el desarraigo de su entorno familiar y cultural de origen para convertirlo en un expediente administrativo en España. La auténtica garantía de sus derechos reside en su reintegración inmediata en su país y con sus familias, exigiendo a los estados vecinos que asuman su responsabilidad legal de custodia y tutela.
Continuar gestionando la frontera bajo la inercia de la acogida indiscriminada alimenta un peligroso efecto llamada con costes inasumibles para la seguridad, el erario público y la cohesión social. España no puede sustituir el control soberano de sus fronteras por una red de tutela asistencial que perpetúa el tránsito clandestino. Sin devoluciones ágiles y categóricas, no habrá reparto interterritorial capaz de absorber lo que las leyes no se atreven a frenar.