¿Dónde está la oposición cuando la legalidad de Ceuta salta por los aires? Esa es la pregunta que cualquier ciudadano con un mínimo de dignidad democrática debería hacerse hoy. La reciente exclusiva de La Verdad de Ceuta destapa una de las vergüenzas institucionales más graves de las últimas dos décadas en nuestra ciudad: los reveses judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y las demoledoras publicaciones del Boletín Oficial del Estado (BOE) que tumban definitivamente las triquiñuelas del Gobierno de Juan Vivas para mantener un control "a medida" en la Secretaría General de la Asamblea.
¿Dónde está la oposición cuando la legalidad de Ceuta salta por los aires? Esa es la pregunta que cualquier ciudadano con un mínimo de dignidad democrática debería hacerse hoy. La reciente exclusiva de La Verdad de Ceuta destapa una de las vergüenzas institucionales más graves de las últimas dos décadas en nuestra ciudad: los reveses judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y las demoledoras publicaciones del Boletín Oficial del Estado (BOE) que tumban definitivamente las triquiñuelas del Gobierno de Juan Vivas para mantener un control "a medida" en la Secretaría General de la Asamblea.
Ante un escándalo de tal envergadura, que roza peligrosamente la prevaricación administrativa y sitúa al Ayuntamiento en un limbo legal sin precedentes, el silencio que llega desde los despachos de la oposición no es solo llamativo; es clamoroso, cobarde y cómplice.
Resulta inadmisible que ante un atropello de este calibre a las normas del Estado de Derecho, absolutamente nadie en el arco de la oposición haya salido a la palestra a exigir responsabilidades, explicaciones o dimisiones. ¿Dónde están las voces del PSOE, de Ceuta Ya!, del MDyC o de VOX? Su mutismo sepulcral los retrata. Con su inacción, demuestran que este pitorreo institucional no les parece tan mal, prefiriendo mirar hacia otro lado mientras se pisotean las sentencias judiciales que obligan a fiscalizar el Ayuntamiento con funcionarios habilitados de primera categoría, y no mediante el abuso sistemático y fraudulento de una "accidentalidad" que dura ya más de veinte años.
Mantener en los puestos de mayor control jurídico y económico a perfiles que no cumplen con los requisitos legales para un Ayuntamiento de primera categoría es la herramienta perfecta para tramitar contratos millonarios, presupuestos y acuerdos de Consejo de Gobierno sin una fiscalización real, independiente y rigurosa. La justicia lo ha dejado claro: rebajar la categoría de las plazas para adaptarlas al currículum de una persona en concreto es nulo de pleno derecho. Y el hecho de que las convocatorias del BOE hayan quedado desiertas porque ningún habilitado nacional de primer nivel quiere meterse en el avispero jurídico en el que Vivas ha convertido a Ceuta, evidencia la absoluta decadencia institucional de la ciudad.
Pero si grave es la actitud de un Ejecutivo que se salta a la torera la ley, infinitamente peor es el papelón de quienes se sientan en los bancos de la oposición cobrando un sueldo público para, teóricamente, vigilar al Gobierno. Al callar ante esta flagrante falta de respeto a los tribunales, el PSOE de Ceuta, los localistas de Ceuta Ya! y MDyC, y los teóricos guardianes de la ley de VOX se convierten automáticamente en cooperadores necesarios de la irregularidad.
Su silencio los ata de pies y manos al proceder "vivasiano". Es un insulto a los ceutíes y una renuncia explícita a sus obligaciones democráticas. Si la oposición decide ser el felpudo político sobre el que el Gobierno limpia sus desmanes judiciales, Ceuta queda completamente desamparada. Quien calla, otorga, y en este asunto, el silencio de la oposición huele a una complicidad inadmisible que no tiene parangón en nuestra historia democrática.