El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) debería ser un faro de ayuda para los ciudadanos más vulnerables de Ceuta: nuestros mayores, las personas dependientes y aquellas con discapacidad. Sin embargo, la realidad que denuncian los usuarios se asemeja más a un laberinto burocrático, un "KO" en la atención al público, donde la desidia parece ser la norma y no la excepción.
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) debería ser un faro de ayuda para los ciudadanos más vulnerables de Ceuta: nuestros mayores, las personas dependientes y aquellas con discapacidad. Sin embargo, la realidad que denuncian los usuarios se asemeja más a un laberinto burocrático, un "KO" en la atención al público, donde la desidia parece ser la norma y no la excepción.
La queja que nos llega es demoledora porque no solo señala la ineficacia, sino la deshumanización del servicio.
Se describe una recepción liderada por una administrativa cuyo talante, lejos de ser empático, resulta ser un muro infranqueable. Las personas que acuden al IMSERSO no van a hacer un trámite bancario; van buscando respuestas a problemas vitales: una pensión no contributiva, un certificado de discapacidad que les permita acceder a derechos, o la valoración de una dependencia. En ese contexto, recibir a los ciudadanos con "talante de tonta que no hay ni por donde cogerla" es una afrenta directa a la dignidad del administrado.
Pero el problema no se detiene en la recepción. La situación se vuelve esperpéntica cuando, presuntamente, la propia doctora no puede ver a los pacientes para no incurrir en una semana "vulneración de la Ley de Protección de Datos". Si la normativa sanitaria impide la atención médica necesaria en un centro de servicios sociales, la pregunta no es si la ley se cumple, sino si la aplicación del protocolo se ha convertido en una excusa perfecta para paralizar un servicio esencial. Esta situación, si es cierta, es el epítome de una administración que se paraliza a sí misma, incapaz de encontrar soluciones viables para conjugar la ley con la prestación real del servicio.
El colmo del despropósito, el toque final a este "circo insoportable", es la presencia de un vigilante al que se compara con "Rambo", que impide el paso sin justificación clara. Si el objetivo es garantizar la seguridad, se está consiguiendo lo contrario: generar hostilidad, frustración y, lo que es peor, obstaculizar el acceso a un servicio público.
La ciudadanía tiene derecho a saber qué está pasando. La sensación es que hay una desconexión total entre la Delegación del Gobierno y la realidad que se vive en la calle.