La burocracia, a menudo, confunde el celo administrativo con la sospecha sistemática. La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que enmienda la plana a la Delegación del Gobierno y reconoce el derecho a visado de una trabajadora transfronteriza, abre un melón que va mucho más allá de un expediente jurídico: toca la línea de flotación del sentido común laboral en Ceuta.
La burocracia, a menudo, confunde el celo administrativo con la sospecha sistemática. La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que enmienda la plana a la Delegación del Gobierno y reconoce el derecho a visado de una trabajadora transfronteriza, abre un melón que va mucho más allá de un expediente jurídico: toca la línea de flotación del sentido común laboral en Ceuta.
El fallo judicial es claro: la mujer tenía un contrato lícito, real y ejercía su labor en la ciudad. Sin embargo, la resolución administrativa inicial le denegó el permiso alegando un supuesto "fraude". Es la política del prejuicio por defecto. Bajo la legítima premisa de controlar de forma estricta el tránsito en Tarajal, se ha terminado por asfixiar el canal legal, empujando a la inseguridad jurídica a quienes precisamente intentan hacer las cosas bien, con sus papeles en regla y cotizando a la Seguridad Social.
Ceuta no puede permitirse criminalizar la normalidad. Todo aquel ciudadano que disponga de un contrato de trabajo válido, que cumpla con los requisitos legales y cuya labor sea un motor real para la economía de los hogares o las empresas ceutíes, no debería pasar por un calvario burocrático para acudir a su puesto. Cruzar la frontera para trabajar con la documentación en la mano no es un desafío a la soberanía ni un vacío de seguridad; es, sencillamente, una relación laboral que sostiene el día a día de esta ciudad.
Cuando la administración se vuelve tan rígida que prefiere sospechar de un contrato legal antes que facilitar su cumplimiento, acaba por alimentar el propio mercado sumergido que dice combatir. Blindar la frontera es necesario, pero asfixiar el derecho al trabajo reglamentado es un error de cálculo. La justicia ha tenido que recordar el principio más básico: el papel firmado y la realidad de la calle deben valer más que la desconfianza de un despacho.