Hay momentos en política en los que el silencio deja de ser una opción. Y este parece ser uno de ellos. Que tres grupos de la Asamblea de Ceuta hayan unido sus firmas para exigir la comparecencia obligatoria del consejero de Medio Ambiente y del gerente de OBIMASA con el fin de aclarar las presuntas irregularidades del proceso selectivo de tres plazas de experto forestal no es un episodio menor. Es un síntoma de que la confianza pública se ha deteriorado hasta límites preocupantes. La propia solicitud evidencia que existen dudas que merecen una explicación pública.
Hay momentos en política en los que el silencio deja de ser una opción. Y este parece ser uno de ellos. Que tres grupos de la Asamblea de Ceuta hayan unido sus firmas para exigir la comparecencia obligatoria del consejero de Medio Ambiente y del gerente de OBIMASA con el fin de aclarar las presuntas irregularidades del proceso selectivo de tres plazas de experto forestal no es un episodio menor. Es un síntoma de que la confianza pública se ha deteriorado hasta límites preocupantes. La propia solicitud evidencia que existen dudas que merecen una explicación pública.
En democracia no basta con afirmar que todo se ha hecho correctamente. Cuando surgen sospechas fundadas, la obligación de cualquier gobernante es comparecer, ofrecer documentación, responder preguntas y disipar cualquier sombra de duda. Huir del debate o refugiarse en el silencio únicamente alimenta la desconfianza ciudadana.
Lo verdaderamente preocupante no es solo lo ocurrido en este proceso, sino la sensación de que determinadas actuaciones administrativas terminan convirtiéndose en una constante. Cuando las instituciones dejan de ser ejemplares, el daño no afecta únicamente a un procedimiento concreto; afecta a la credibilidad del conjunto de la Administración.
Los ciudadanos tienen derecho a saber si los principios de igualdad, mérito y capacidad han sido respetados escrupulosamente o si, por el contrario, existen decisiones que requieren una explicación política. Esa rendición de cuentas no debería producirse porque la oposición la exija, sino porque un gobierno que se considere transparente la asuma de manera voluntaria.
La democracia no se fortalece ocultando preguntas incómodas, sino respondiéndolas. Quien administra dinero público y ejerce poder público debe aceptar también el máximo nivel de escrutinio. Porque gobernar no consiste únicamente en tomar decisiones; consiste, sobre todo, en responder por ellas. Y cuando las dudas se acumulan, el peor mensaje que puede trasladarse a la ciudadanía es que quienes gobiernan consideran que no tienen obligación de dar explicaciones.