Hay momentos en política en los que el verdadero problema deja de ser si una contratación es o no legal. El problema pasa a ser otro mucho más profundo: la confianza de los ciudadanos en quienes administran el dinero público.
Hay momentos en política en los que el verdadero problema deja de ser si una contratación es o no legal. El problema pasa a ser otro mucho más profundo: la confianza de los ciudadanos en quienes administran el dinero público.
La denuncia realizada por el PSOE sobre supuestas irregularidades en las contrataciones del área de Festejos desde 2023 ha recibido una respuesta inmediata del Gobierno de Ceuta, que sostiene que todos los expedientes cumplen la legislación vigente, cuentan con informes jurídicos favorables y que, en determinados casos, las contrataciones se justifican por derechos de exclusividad artística.
Ahora bien, una explicación jurídica no siempre equivale a una explicación política. Cuando las cifras son elevadas, cuando se suceden los contratos menores y cuando la oposición habla de una posible fragmentación de encargos, la obligación de un gobierno no debería limitarse a afirmar que "todo es legal". Debería demostrar, con absoluta transparencia, que además de ser legal, era la mejor opción para el interés general.
La contratación pública no puede convertirse en un permanente ejercicio de defensa técnica. Debe ser también un ejercicio de ejemplaridad. Porque la legalidad marca el mínimo exigible, mientras que la buena gestión exige planificación, concurrencia cuando sea posible y una utilización excepcional de los procedimientos más ágiles.
En este asunto, quien más pierde si persisten las dudas no es el Gobierno ni la oposición. Pierde la institución. Cada nuevo cruce de acusaciones erosiona la credibilidad de la administración y alimenta la sospecha de que el dinero público se gestiona con criterios que los ciudadanos no alcanzan a comprender.
Si el Ejecutivo tiene razón, debería publicar toda la documentación necesaria para disipar cualquier sombra de duda. Y si existen errores, aunque no constituyan ilegalidades, también deberían asumirse responsabilidades políticas. Porque gobernar no consiste únicamente en cumplir la ley; consiste en convencer a la ciudadanía de que cada euro de sus impuestos se administra con el máximo rigor, transparencia y respeto. Cuando esa confianza empieza a resquebrajarse, el verdadero problema ya no está en un expediente administrativo, sino en la credibilidad de quien lo firma.