Gastar millones de euros del dinero de todos los ceutíes para comprar camiones y furgonetas que no sirven ni para chatarra no es un simple error técnico; es una negligencia obscena que apesta a impunidad y cortijo. Poner una licitación millonaria de maquinaria de limpieza viaria en manos del gerente de Acemsa, Juan Manuel Sánchez Valderrama —un personaje que de gestión de residuos y trazado urbano sabe lo mismo que de astrofísica—, solo podía acabar como ha acabado: en un esperpento vergonzoso que sonrojaría a cualquier administración decente.
Gastar millones de euros del dinero de todos los ceutíes para comprar camiones y furgonetas que no sirven ni para chatarra no es un simple error técnico; es una negligencia obscena que apesta a impunidad y cortijo. Poner una licitación millonaria de maquinaria de limpieza viaria en manos del gerente de Acemsa, Juan Manuel Sánchez Valderrama —un personaje que de gestión de residuos y trazado urbano sabe lo mismo que de astrofísica—, solo podía acabar como ha acabado: en un esperpento vergonzoso que sonrojaría a cualquier administración decente.
La estafa a la ciudad clama al cielo. De toda la flota flamante adquirida a bombo y platillo para Servilimpce, solo funciona un vehículo; el resto duerme el sueño de los justos en los talleres o en las cocheras mientras los operarios tienen que seguir deslomándose con la maquinaria vieja para que la ciudad no quede sepultada en basura. Y para colmo del ridículo y de la inutilidad manifiesta, compraron vehículos de recogida de enseres con dimensiones que literalmente no caben por las calles estrechas y empinadas de nuestras barriadas. Hay que tener un desprecio absoluto por los recursos públicos y una incompetencia supina para encargar camiones sin molestarse siquiera en mirar el ancho de las calzadas por donde deben circular y no preguntar.
Aquí nadie asume responsabilidades. Sánchez Valderrama campa a sus anchas, comportándose como el amo y señor del Ayuntamiento, decidiendo contrataciones millonarias a su antojo mientras el presidente Juan Vivas mira cómodamente hacia el tendido y consiente la cacicada. La pregunta ya no es quién se equivocó en el catálogo, sino quién responde políticamente y ante los tribunales por este desfalco encubierto. Cuando se tiran millones de euros públicos a la basura sin fiscalización ni vergüenza, y el sillón presidencial guarda silencio cómplice, el ciudadano tiene todo el derecho a exigir cuentas y a preguntarse con absoluta crudeza en qué manos ha quedado el botín.