Veintisiete días. Veintisiete interminables días después de que Ceuta sufriera una crisis sin precedentes, el Gobierno de España sigue sin ofrecer a los ceutíes una respuesta a la altura de lo ocurrido. La ciudad continúa lejos de la normalidad, como ha reconocido la propia Delegación del Gobierno, pero en Madrid parecen haber encontrado una solución tan sencilla como indignante: donde no caben más personas, se abren más centros. Donde faltan respuestas, se levantan carpas. Donde una ciudad exige recuperar su normalidad, se le pide que siga soportando el peso de una crisis que no ha provocado.
Veintisiete días. Veintisiete interminables días después de que Ceuta sufriera una crisis sin precedentes, el Gobierno de España sigue sin ofrecer a los ceutíes una respuesta a la altura de lo ocurrido. La ciudad continúa lejos de la normalidad, como ha reconocido la propia Delegación del Gobierno, pero en Madrid parecen haber encontrado una solución tan sencilla como indignante: donde no caben más personas, se abren más centros. Donde faltan respuestas, se levantan carpas. Donde una ciudad exige recuperar su normalidad, se le pide que siga soportando el peso de una crisis que no ha provocado.
Y esa es la gota que ha colmado el vaso. Ceuta está harta. Harta de esperar, de escuchar promesas, de asistir a visitas y reuniones mientras el problema sigue delante de sus ojos. Harta de que pasen los días y de comprobar que la gran respuesta del Gobierno sea buscar nuevos polideportivos, cuarteles, explanadas, instalaciones públicas e incluso el Hospital Militar para convertirlos en recursos de acogida temporal.
Porque nadie discute que una emergencia humanitaria exige atención. Lo que resulta insoportable es que el Gobierno parezca haber olvidado que también tiene la obligación de resolver una emergencia que afecta a 80.000 españoles. Ceuta no puede convertirse en el lugar donde se acumula indefinidamente un problema que corresponde afrontar al Estado en su conjunto. Acoger temporalmente puede ser una medida de urgencia; convertir la provisionalidad en la única política conocida es, sencillamente, reconocer el fracaso.
Mientras tanto, los ceutíes ven cómo su vida cotidiana se estrecha, cómo instalaciones destinadas al deporte y al servicio público pueden quedar comprometidas y cómo determinados barrios viven una presión insoportable. Se les pide paciencia, comprensión y sacrificio. Todo para seguir esperando una solución que, 27 días después, sigue sin llegar con la contundencia que exige la situación.
El Gobierno debería escuchar lo que ocurrió este martes en las calles. No se trata de despreciar a nadie ni de alimentar enfrentamientos. Precisamente al contrario: se trata de evitar que el abandono institucional termine por romper la convivencia. El hartazgo es real y cada día de inacción lo alimenta. Los ciudadanos no pueden sentirse abandonados mientras quienes tienen la responsabilidad de actuar se limitan a ganar tiempo.
Ya basta de improvisación. Ya basta de convertir cada espacio disponible de Ceuta en un posible centro de acogida. Ya basta de administrar la crisis sin resolverla. El Gobierno debe recuperar el control, establecer procedimientos ágiles y legales para determinar la situación de cada persona y garantizar que Ceuta deje de soportar en solitario una carga que supera con creces sus capacidades.
Porque el peligro ya no es sólo la crisis migratoria. El peligro es que la desidia, la tardanza y la ausencia de respuestas sigan empujando a una ciudad entera hacia un punto de agotamiento que nadie debería permitir. El Gobierno todavía está a tiempo de actuar. Pero que no se equivoque: la paciencia de Ceuta no es infinita. Y cuando una ciudad siente que sus instituciones le han dado la espalda durante casi un mes, el problema deja de ser sólo una crisis. Se convierte en una vergüenza de Estado.
