La Junta de Personal Docente no Universitario de Ceuta exige que las medidas de seguridad y el plan de acompañamiento psicosocial anunciados por el Ministerio de Educación ante el inicio del curso estén «perfectamente planificadas, coordinadas y operativas» desde el 1 de septiembre, fecha en la que se incorporará el personal docente a los centros educativos.
La Junta de Personal Docente no Universitario de Ceuta exige que las medidas de seguridad y el plan de acompañamiento psicosocial anunciados por el Ministerio de Educación ante el inicio del curso estén «perfectamente planificadas, coordinadas y operativas» desde el 1 de septiembre, fecha en la que se incorporará el personal docente a los centros educativos.
La representación del profesorado considera que estas medidas no pueden limitarse al inicio de las clases con el alumnado, previsto para el 8 de septiembre, ya que los docentes comenzarán su actividad una semana antes y serán quienes estén «en primera línea» en el día a día con los estudiantes y sus familias.
La Junta de Personal critica que el profesorado no haya sido tenido en cuenta en la planificación anunciada por el Ministerio y reclama que sus necesidades sean incorporadas a las medidas previstas para afrontar las consecuencias de la situación que atraviesa Ceuta.
La organización recuerda que los docentes también forman parte de la sociedad ceutí y han vivido las semanas de miedo, incertidumbre, inseguridad y preocupación generadas desde los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio.
Por ello, considera imprescindible que la planificación tenga en cuenta a los trabajadores de la enseñanza, ya que serán quienes tengan que gestionar en las aulas las posibles consecuencias emocionales y sociales de esta situación entre el alumnado.
La Junta de Personal reclama que el profesorado no sea considerado únicamente como un recurso para garantizar la continuidad de la actividad educativa, sino como una pieza fundamental para que esta pueda desarrollarse en condiciones de «seguridad, estabilidad, calidad y dignidad profesional».
Entre las medidas que exige se encuentran que la salubridad de los centros y el dispositivo de seguridad estén garantizados desde el primer día de incorporación del personal docente, así como que el plan de acompañamiento y acción psicosocial incluya también a profesores y al resto de profesionales de los centros educativos.
Asimismo, reclama protocolos claros de actuación y coordinación para equipos directivos y docentes ante posibles situaciones derivadas del contexto social actual, el refuerzo de los centros con los recursos humanos y profesionales necesarios y garantías para que los profesores no tengan que asumir en solitario responsabilidades que corresponden al conjunto de las administraciones públicas.
La Junta de Personal subraya además que la seguridad no puede entenderse únicamente como la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las inmediaciones de los centros. El alumnado regresará a las aulas después de unas semanas excepcionales y en un contexto de tensión e incertidumbre, por lo que, a su juicio, necesitará ser escuchado, acompañado y sentirse seguro.
«Por eso, la Junta de Personal Docente considera fundamental que se cuide también a quienes van a cuidar y acompañar al alumnado», señala.
La representación del profesorado reclama al Ministerio de Educación, a la Delegación del Gobierno y al resto de administraciones implicadas que concreten las medidas anunciadas «con la máxima celeridad» y mantengan una coordinación permanente con los representantes de los trabajadores y los equipos directivos.
El objetivo, según la Junta de Personal, debe ser que el curso pueda comenzar con normalidad, pero con una «normalidad real» sustentada en seguridad, recursos, apoyo y garantías para toda la comunidad educativa.
«El 1 de septiembre comienzan los docentes. Y desde ese mismo día deben estar garantizadas las condiciones para que puedan afrontar con seguridad, dignidad y respaldo profesional el curso que tenemos por delante», concluye.
