Es una vergüenza para un Gobierno que se precie que existan pagos extrajudiciales que asciendan hasta los 150.000 euros debido a facturas impagadas o pagadas con retraso. No es normal que el Gobierno actúe así y juegue con las economías de las empresas que le suministran, ya que eso también puede generar problemas y que las familias que dependan de estas empresas puedan verse afectadas.
Es una vergüenza para un Gobierno que se precie que existan pagos extrajudiciales que asciendan hasta los 150.000 euros debido a facturas impagadas o pagadas con retraso. No es normal que el Gobierno actúe así y juegue con las economías de las empresas que le suministran, ya que eso también puede generar problemas y que las familias que dependan de estas empresas puedan verse afectadas.
Los ciudadanos ya están cansados de esta situación, ya que son muchos los afectados, y ya están apuntando directamente al presidente Vivas, a la consejera Kissy Chandiramani y al propio Partido Popular, y ya no por esos impagos, sino porque son cómplices del interventor, que es el que paraliza estos pagos, haciendo lo que le viene en gana, afectando con su más que cuestionable gestión las economías de numerosas familias, sin que haya derecho a ello.
Por este motivo, la ciudadanía señala a Vivas y Chandiramani, por permitir de manera inconcebible e intolerable al interventor en su cargo, y esto está comenzando a afectar y perjudicar y mucho al PP de cara a las próximas elecciones, ya que son cada vez más los ciudadanos afectados por esta forma de actuar del señor interventor, por lo que esta gestión podría ser un importante lastre para el PP de cara a poder superar con solvencia las próximas elecciones. Este hecho, sumado a que el PP ha perdido mucho fuelle durante los últimos años y que el PSOE va en continuo ascenso, le puede jugar una mala pasada en los próximos comicios y, si no adoptan medidas al respecto, Vivas, Chandiramani y el PP sufrirán un duro golpe electoral.
