La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha publicado el ‘Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental, 2025’, en el que alerta de las vulneraciones de derechos que siguen afectando a las personas con problemas de salud mental y presta especial atención a la situación de mujeres, niñas y adolescentes, los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial y las deficiencias en la atención sanitaria.
La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha publicado el ‘Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental, 2025’, en el que alerta de las vulneraciones de derechos que siguen afectando a las personas con problemas de salud mental y presta especial atención a la situación de mujeres, niñas y adolescentes, los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial y las deficiencias en la atención sanitaria.
El documento, elaborado con financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, constituye la undécima edición de este informe y recoge tanto las principales vulneraciones detectadas como recomendaciones y buenas prácticas para avanzar en la protección de los derechos de las personas con problemas de salud mental.
Uno de los principales focos se sitúa en las mujeres, niñas y adolescentes. El informe recoge las conclusiones del estudio GEA sobre empoderamiento y accesibilidad en derechos de las mujeres y niñas con problemas de salud mental, que alerta de una “clara vulneración de los derechos sociales en todos los ámbitos de la vida” y de situaciones de violencia estructural vinculadas, entre otros factores, a la actuación de la sociedad y los servicios públicos.
Entre las situaciones señaladas figuran las violencias institucionales, la invalidación de la maternidad, la invisibilización de la sexualidad, las limitaciones para alcanzar autonomía económica y las dificultades para mantener relaciones afectivas y cuidados seguros.
Los datos reflejan además una elevada exposición a la violencia. El 40 % de las mujeres con problemas de salud mental afirma haber sufrido violencia física o psicológica por parte de personas de su entorno cercano, el 35 % por parte de parejas o exparejas y el 19 % por personas desconocidas.
El informe advierte de la relación existente entre las violencias sufridas desde las primeras etapas de la vida y la aparición y evolución de los malestares y problemas de salud mental. A esta situación se suma la feminización de la pobreza. Según el estudio GEA, el 84 % de las mujeres con problemas de salud mental se ha mudado en los últimos años por no poder afrontar el alquiler o la hipoteca.
También se detectan dificultades para acceder y permanecer en el mercado laboral, relacionadas con la falta de derivación a servicios sociolaborales, el diseño de los recursos desde una perspectiva que no tiene suficientemente en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y la desigual distribución de las tareas de cuidados y las dificultades para conciliar.
El informe pone igualmente el foco en los sesgos de género presentes en la atención profesional. La mayoría de los profesionales consultados reconoce haber identificado este tipo de sesgos. El 74 % señala haber detectado medicaciones inadecuadas o excesivas y el 85 % considera que los servicios existentes no cubren todas las necesidades de niñas, adolescentes y mujeres con problemas de salud mental.
Las propias usuarias reflejan carencias similares. El 41 % asegura llevar más de seis años sin una revisión de sus pautas de medicación, mientras que el 67 % afirma no haber recibido información suficiente sobre los efectos secundarios de sus tratamientos y el 65 % no fue informada sobre alternativas terapéuticas.
El 21 % de las mujeres consultadas ha sido ingresada alguna vez y, de ellas, el 37 % lo hizo de manera involuntaria. Además, el 51 % asegura haber sufrido malos tratos durante el ingreso.
Para Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de SALUD MENTAL ESPAÑA y coordinadora de su Comisión de Defensa de Derechos Humanos, estos datos evidencian las carencias existentes en la consideración y atención de las mujeres con problemas de salud mental y ponen de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un cambio de paradigma basado en un enfoque biopsicosocial.
Otro de los asuntos abordados es el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud mental. El informe analiza las oportunidades y riesgos asociados a estas tecnologías, entre ellos la mejora de la accesibilidad a determinados servicios y la reducción de cargas administrativas, pero también posibles problemas de seguridad, privacidad, consentimiento informado, desigualdad, vigilancia, despersonalización de la atención y desviación de recursos.
La Confederación presta especial atención a los menores de edad. Según los datos del VII Informe de Acoso Escolar en Centros Educativos, elaborado por la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR a partir de información del curso 2024-2025, la inteligencia artificial ya está presente en el 14,2 % de las situaciones de ciberacoso entre escolares.
Su utilización se produce principalmente para crear vídeos falsos mediante la manipulación de fotografías, vídeos o audios de otros alumnos, una práctica que representa el 54,8 % de los casos, y para suplantar identidades, con un 32,2 %. WhatsApp, Instagram, TikTok y los videojuegos aparecen como principales canales de difusión de estos contenidos.
Ante esta evolución, la Comisión de Defensa de Derechos de SALUD MENTAL ESPAÑA reclama investigaciones que permitan determinar con mayor precisión los riesgos y beneficios de la inteligencia artificial antes de establecer las correspondientes medidas de regulación.
El informe también recoge avances relacionados con la protección de los derechos de las personas sometidas a ingresos involuntarios. En este ámbito, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por un ingreso involuntario realizado en 2021 en el que se vulneró el derecho a la asistencia letrada. La sentencia establece una indemnización de 5.000 euros por daños morales y 7.000 euros en concepto de costas procesales.
SALUD MENTAL ESPAÑA considera que esta resolución refuerza la necesidad de revisar determinadas prácticas en los ingresos involuntarios y avanzar hacia modelos de atención que sitúen la dignidad, los derechos y la voluntad de la persona en el centro.
El informe incorpora asimismo un estudio del Grupo de Investigación NURSEARCH de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Barcelona, publicado en la revista Journal of Clinical Nursing, que analiza la importancia de la calidad percibida de los cuidados durante la hospitalización. Entre las medidas señaladas figuran una mayor proximidad del personal de enfermería, la creación de espacios seguros, el establecimiento de relaciones de confianza y una atención que reduzca el recurso a medidas coercitivas.
Otro de los problemas que persiste es la falta de reconocimiento expreso de la accesibilidad psicosocial en la normativa. SALUD MENTAL ESPAÑA considera que esta carencia mantiene barreras que dificultan que las personas con problemas de salud mental y discapacidad psicosocial puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
“La falta de conciencia sitúa a las personas con problemas de salud mental en el terreno de la excepción”, sostiene Muñoz Escandell, que considera que esta ausencia de reconocimiento genera discriminaciones que afectan a diferentes ámbitos de la vida cotidiana.
El Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación mantiene, por su parte, una demanda elevada de consultas. El 52 % de las realizadas por familiares corresponde a mujeres y el 48 % a hombres. Entre las personas con problemas de salud mental que recurren al servicio, los hombres representan el 56 % y las mujeres el 44 %.
Por materias, el 39 % de las consultas está relacionado con asuntos civiles, entre ellos ingresos involuntarios, contratos de vivienda o curatelas. Le siguen las consultas por vulneración de derechos, con un 29 %, las cuestiones administrativas, con un 21 %, los asuntos laborales, con un 9 %, y los penales o penitenciarios, con un 2 %.
