Malversación a juicio

El paso dado por el juez Juan Carlos Peinado no es menor. Informar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de que el caso por un presunto delito de malversación pasará a jurado popular, marca un antes y un después en esta historia. Ya no hablamos de simples diligencias, sino de la posibilidad real de que sean juzgados como cualquier ciudadano corriente.

La mujer del presidente, que lleva tiempo en el ojo del huracán, deberá rendir cuentas ante la Justicia. Es difícil sostener el discurso de “todo es un montaje” cuando el procedimiento avanza con pasos firmes y bajo la mirada de un tribunal popular. No se trata de rumores, sino de hechos que merecen una explicación clara y sin rodeos.

Tampoco queda indemne Cristina Álvarez, asesora en Moncloa, cuyo papel en este embrollo no puede quedar tapado con comunicados de prensa o silencios calculados. La gestión del dinero público no admite frivolidades y, si de verdad hubo irregularidades en la contratación, no cabe otra salida que la transparencia y la responsabilidad.

Y qué decir de Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid. Su cargo le obliga, más que a nadie, a dar ejemplo. Si se confirma que participó en maniobras irregulares, no habrá excusas que valgan. En política, como en la vida, la confianza se pierde en un segundo, y la sombra de la malversación es una losa difícil de levantar.

Lo cierto es que este caso ya no es un chisme de tertulia, sino un procedimiento judicial serio que afecta a la cúspide de La Moncloa y al entorno más próximo del presidente. Si finalmente un jurado popular tiene que decidir, será la ciudadanía la que ponga la vara de medir. Y eso, guste o no, es la esencia misma de la democracia.