La Asociación "Conciencia Libre" ha presentado un recurso contundente contra el proceso selectivo de 2026, denunciando una gestión que ignora derechos laborales básicos y pone en duda los principios de mérito, igualdad y transparencia en el empleo público ceutí.
La Asociación "Conciencia Libre" ha presentado un recurso contundente contra el proceso selectivo de 2026, denunciando una gestión que ignora derechos laborales básicos y pone en duda los principios de mérito, igualdad y transparencia en el empleo público ceutí.
La transparencia y el rigor administrativo en SERVILIMPCE, S.L.U. la sociedad de limpieza pública de capital 100 % municipal, se encuentran bajo una sombra de sospecha. En una actuación que ha sido calificada de negligente y opaca, el Consejo de Administración, presidido por su actual responsable, Alejandro Ramírez Hurtado, ha dado luz verde a las bases de la Oferta de Empleo Público (OEP) 2026 ignorando pilares fundamentales de la legalidad vigente.
La Asociación Anticorrupción "Conciencia Libre" de Ceuta ha interpuesto un recurso potestativo de reposición que deja al descubierto un escenario desolador para la seguridad jurídica de los ciudadanos y los trabajadores. El documento, redactado con precisión técnica, no solo señala errores administrativos, sino que arroja dudas sobre si estas oposiciones han sido diseñadas para favorecer a perfiles predeterminados.
Un expediente viciado desde su origen
El recurso destapa, en primer lugar, una omisión gravísima: la ausencia del informe preceptivo del Jefe del Servicio de Relaciones Laborales y Publicaciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta, exigido por la Resolución del Consejero de Presidencia y Gobernación publicada en el BOCCE Nº 6.563, de 7 de noviembre de 2025. Este trámite, obligatorio para garantizar la legalidad de las convocatorias, fue saltado a la torera por el Consejo de Administración, viciando de raíz todo el proceso.
Pero el desprecio por la normativa no termina ahí. La Asociación denuncia que la empresa ha decidido, de forma unilateral, ignorar el artículo 45 de su propio Convenio Colectivo, el cual exige la convocatoria de plazas por promoción interna antes de abrir el acceso libre. Esta omisión, lejos de ser un error formal, se perfila como un mecanismo para eludir la carrera profesional de los empleados actuales, contraviniendo el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y la propia Constitución.
Un calendario de "imposible cumplimiento"
Otra de las perlas de la gestión directiva es la fijación de un calendario de pruebas para la segunda quincena de junio de 2026. Según el análisis de los recurrentes, es materialmente imposible respetar los plazos legales mínimos de presentación de instancias, alegaciones y composición de tribunales sin atropellar los derechos de los aspirantes. ¿Por qué tanta prisa? La pregunta flota en el ambiente ante la sospecha de que la celeridad busca evitar el control y la participación ciudadana.
La plaza bajo sospecha: ¿"Técnico" o "Jefe de Sección"?
Quizás el punto más alarmante del recurso sea la contradicción interna del anuncio sobre la plaza de Prevención de Riesgos Laborales. El documento de la empresa la denomina indistintamente como "Técnico" o como "Jefe de Sección". Como subraya la asociación, estas figuras tienen funciones y retribuciones radicalmente distintas. Esta "confusión" genera una inseguridad jurídica total y alimenta la convicción de que se está adaptando el puesto a un perfil concreto, una práctica que choca frontalmente con los principios de mérito y capacidad.
La opacidad como bandera: sin "pie de recurso"
Como remate a una gestión deficiente, el anuncio publicado en el BOCCE del Presidente del Consejo, Don Alejandro Ramírez Hurtado, carece del preceptivo "pie de recurso", impidiendo que los ciudadanos conozcan sus derechos frente a una decisión que les afecta directamente. Esta omisión, que busca blindar la decisión frente a posibles impugnaciones, es una muestra más del desdén con el que el Presidente de SERVILIMPCE parece tratar la transparencia pública.
Ante esta situación, "Conciencia Libre" ha solicitado la suspensión cautelar de todo el proceso para evitar perjuicios irreparables, reservándose, además, el ejercicio de acciones penales por una posible prevaricación administrativa.
La sombra de la prevaricación
Ante la gravedad de estos hechos, la Asociación "Conciencia Libre" ha realizado una reserva expresa de acciones penales. La responsabilidad política de un alto cargo no debe limitarse al éxito de su gestión, sino al estricto cumplimiento de la legalidad. Si el Presidente del Consejo de Administración, el Sr. Alejandro Ramírez Hurtado, ha impulsado un proceso consciente de sus vicios, estaríamos ante algo mucho más grave que una mala gestión: estaríamos ante una actuación que podría rozar la prevaricación administrativa.
El Presidente de SERVILIMPCE tiene ahora la obligación moral y política de responder ante los ceutíes. No puede permitirse que la contratación pública en nuestra ciudad se convierta en un juego de sombras donde las reglas cambian según el interés del momento. La transparencia no es una opción, es un deber.
La pregunta que ahora resuena en toda Ceuta es si el Presidente de SERVILIMPCE, Don Alejandro Ramírez Hurtado, asumirá su responsabilidad política y técnica por este despropósito, o si continuará adelante con un proceso que, a todas luces, nace marcado por la arbitrariedad.
