Ceuta necesita vivienda. Eso no admite discusión. La petición de la Ciudad en Madrid para elevar los fondos del Plan Estatal de Vivienda hasta un impacto estimado de 70 millones de euros en cinco años puede ser una buena noticia si sirve para desbloquear suelo, construir alquiler público y dar respuesta a jóvenes, mayores y familias que hoy no pueden acceder a una casa digna. La propia Ciudad defiende que esa financiación permitiría continuar el Plan de Vivienda 2025-2028 y alcanzar hasta 1.000 viviendas de alquiler entre la Ciudad y el Estado.
Ceuta necesita vivienda. Eso no admite discusión. La petición de la Ciudad en Madrid para elevar los fondos del Plan Estatal de Vivienda hasta un impacto estimado de 70 millones de euros en cinco años puede ser una buena noticia si sirve para desbloquear suelo, construir alquiler público y dar respuesta a jóvenes, mayores y familias que hoy no pueden acceder a una casa digna. La propia Ciudad defiende que esa financiación permitiría continuar el Plan de Vivienda 2025-2028 y alcanzar hasta 1.000 viviendas de alquiler entre la Ciudad y el Estado.
Pero la política no solo se mide por lo que se pide fuera, sino también por lo que se practica dentro. No resulta grato ver a un Gobierno local reclamar al Estado una inyección tras otra, exigir sensibilidad en Madrid y, al mismo tiempo, sostener su estabilidad en Ceuta mediante equilibrios parlamentarios con diputados no adscritos, algunos procedentes del PSOE, y buscando apoyos según convenga en cada momento. Los presupuestos de 2026, por ejemplo, salieron adelante gracias al respaldo de esos no adscritos, pese al rechazo del resto de la oposición.
La vivienda no puede convertirse en una bandera de ocasión ni en una moneda más dentro del tablero político. Si Ceuta reclama un trato singular porque su realidad es singular, también debe ofrecer una política seria, limpia y coherente. Pedir 70 millones exige altura institucional. Y esa altura no se demuestra solo en una reunión en Madrid, sino en la forma de gobernar cada día en casa.
Porque una ciudad que necesita viviendas no puede permitirse que la solución quede atrapada entre titulares, pactos incómodos y cálculos de supervivencia política.
