El Grupo Parlamentario VOX interpelará sobre la gestión del transporte de residuos ante “los múltiples problemas” que ha enfrentado la planta de transferencia en los últimos años “afectando a la eficiencia del servicio y generando tensiones laborales”. Hasta el momento sólo se sabe que el Gobierno está buscando “nuevas alternativas” para licitar el nuevo contrato y por ello la formación preguntará cuáles son y qué medidas se están tomando para resolver la actual situación.
El 14 de julio de 1994, el Pleno de la Asamblea aprobó, con los votos de CEU, PFC y PSOE, delegar todas (las que la ley permitía) sus competencias en el Consejo de Gobierno y el Presidente de la Ciudad, un hecho que, desde el punto de vista de Ceuta Ya!, "supone despojar a la Asamblea de una parte más que considerable de su capacidad de decisión en asuntos de indudable interés y trascendencia". Y añade el grupo autonomista: "El anacronismo de aquella decisión se explica suficientemente atendiendo al hecho de que dos de los partidos que la adoptaron ya no existen".
El partido popular denuncia lo que considera un "profundo deterioro del sistema sanitario de Ceuta y Melilla, unido a las promesas incumplidas del Gobierno, la falta de personal médico y la sobrecarga asistencial", que serán analizados en la próxima reunión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Una iniciativa que se ha conseguido gracias a las peticiones del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) y la Plataforma ciudadana “Todos por una Sanidad Digna”, ambos organismos respaldados por el Partido Popular.
El PSOE de Ceuta ha destacado en un comunicado que el Gobierno progresista que lidera Pedro Sánchez ha dado luz verde esta semana a dos nuevos programas de atención a la infancia y protección a las familias con especial incidencia en Ceuta.
El Grupo Parlamentario VOX llevará al próximo pleno resolutivo una iniciativa en apoyo al sector de la seguridad privada. En ella reclama que, desde la Asamblea de Ceuta, se inste al Gobierno central a que promueva el reconocimiento de profesión de riesgo para el personal de seguridad privada. También que impulse la mejora de su protección jurídica y de su estatus profesional.
