La petición abierta en change.org en la que se reclama “una ley estatal de seguridad acuática que establezca unos mínimos comunes para piscinas, playas y zonas de baño en toda España” ha superado las 21.000 firmas verificadas.
La petición abierta en change.org en la que se reclama “una ley estatal de seguridad acuática que establezca unos mínimos comunes para piscinas, playas y zonas de baño en toda España” ha superado las 21.000 firmas verificadas.
El socorrista profesional José Manuel Díez Herrero, miembro del Comité Docente de la Asociación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo FLASS, donde representa a la Asociación Española de Prevención de Ahogamientos (AEPA), promovió esta iniciativa porque había visto “demasiadas veces cómo la seguridad en piscinas, playas y zonas de baño depende más del lugar en el que estés que de unas normas claras para proteger a las personas”.
José Manuel Díaz pone de manifiesto en change.org que “falta una regulación común que diga qué formación debe tener un profesional, qué material mínimo debe haber en una piscina o playa, cuántos socorristas son necesarios según el espacio y qué autoridad tienen para hacer cumplir las normas”. Por ello, “no puede ser que en un sitio un botiquín esté preparado para una emergencia y en otro falten hasta materiales básicos”.
Esto es debido porque en España la normativa de seguridad acuática depende de las Comunidades Autónomas y no existe una ley marco que establezca unos mínimos. Es más, lo habitual es que cada uno de los 17 gobiernos autonómicos tengan en una consejería o departamento las competencias en playas y en otro distinto las referidas a piscinas y otras instalaciones acuáticas.
De la misma manera se encuentran los requisitos que se exigen para acceder a la práctica del socorrismo en playas y piscinas, donde en una región autónoma pueden ser desorbitados y en otros ridículos, lo que no garantiza la formación de las personas que se dedican profesionalmente a cuidar por la seguridad en el medio acuático.
Díez Herrero explica que “hay playas sin vigilancia, piscinas con medios desiguales, señalización poco clara y normas que cambian según la comunidad autónoma o el municipio”, ya que este ámbito de la Administración, los ayuntamientos, también tienen competencias exclusivas sobre la organización de los servicios en las playas.
Según se recoge en la petición que tan amplia acogida está teniendo y que está dirigida a los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad, “la seguridad acuática no debería depender del código postal”, por lo que es precisa “una regulación clara que proteja a quienes se bañan y también a quienes trabajan para salvar vidas”.
