Tras cuatro años de periplo judicial, la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha puesto fin a la incertidumbre. El jurado popular ha emitido un veredicto de culpabilidad unánime contra Alonso Miguel G. D. por el asesinato de su esposa, María de los Ángeles Lozano.
Tras cuatro años de periplo judicial, la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha puesto fin a la incertidumbre. El jurado popular ha emitido un veredicto de culpabilidad unánime contra Alonso Miguel G. D. por el asesinato de su esposa, María de los Ángeles Lozano.
Perfil del acusado: Del barrio de la JOP a la Jefatura
Alonso Miguel G. D. (49 años) se crió en la barriada de la JOP. Su carrera en la Policía Local estuvo marcada por la controversia; quienes le conocieron le describen como un hombre de carácter "insoportable, polémico e insociable". A pesar de habérsele retirado el arma reglamentaria dos veces por inestabilidad psicológica, el sistema permitió que la recuperara, una decisión que hoy pesa sobre la Ciudad Autónoma como responsable civil subsidiaria.
El Infierno de Puertas Adentro: La Valentía de una Hija
La vivienda de Parques de Ceuta fue el escenario de un maltrato habitual que culminó el 14 de marzo de 2022. La hija del matrimonio, testigo directo, ha sido el pilar de la acusación. Su testimonio rompió el silencio sobre el control asfixiante que su padre imponía en el hogar, desmoronando cualquier intento de presentar al acusado como un padre ejemplar.
La Estrategia de la Infamia: Acusar a la Propia Hija
En un intento desesperado por eludir la condena, la defensa de Alonso llegó a sugerir que la hija pudo tener responsabilidad en el forcejeo que terminó con el disparo. Esta maniobra fue calificada por la Fiscalía como una "revictimización intolerable". Los informes de balística fueron demoledores: la trayectoria de la bala y los mecanismos de seguridad del arma reglamentaria descartaron cualquier "accidente", confirmando una ejecución fría y deliberada.
La Soledad de la Defensa: El Papel de Inmaculada Guil
Uno de los aspectos más comentados en los pasillos de la Audiencia ha sido el papel de la letrada defensora, Inmaculada Guil. En el ejercicio de su deber profesional, Guil ha mantenido hasta el final una tesis que chocaba frontalmente con el sentir general de la ciudad y las pruebas forenses.
• Estrategia frente a Realidad: Mientras que para la opinión pública y los peritos la culpabilidad era evidente, la defensa se aferró a la presunta falta de intención o al estado mental del agente.
• El Aislamiento de la Tesis Defensiva: Periodísticamente, se ha observado cómo la abogada y la familia directa del acusado se convirtieron en el único reducto que sostenía una versión de los hechos que el jurado ha terminado calificando de inverosímil.
Cabe recordar que, presuntamente y desde un punto de vista técnico, la labor de un abogado no es "creer" a su cliente, sino garantizar que se respeten sus derechos procesales. No obstante, la agresividad de la estrategia (especialmente el señalamiento hacia la hija) ha sido vista por muchos sectores sociales como un intento de defender lo indefendible ante un cúmulo de pruebas biológicas y testimoniales irrefutables.
Odisea Judicial: De la Nulidad al Reingreso
En julio de 2025, una primera condena fue anulada por defectos de forma. Esto permitió que, en marzo de 2026, Alonso saliera en libertad provisional. Sin embargo, la repetición del juicio este mes ha culminado con el nuevo veredicto de culpabilidad por asesinato, lesiones psíquicas y maltrato.
Régimen Penitenciario: Fuerte Mendizábal y el Futuro
Alonso ha permanecido en el Centro Penitenciario de Fuerte Mendizábal, en un módulo especial de seguridad. Tras el veredicto actual, su reingreso es inmediato. Es altamente probable que sea trasladado a cárceles especializadas en la península, como Sevilla-I o Logroño, para garantizar su seguridad como ex-agente.
Un Fallo Sistémico y una Condena Necesaria
El caso de Alonso Miguel G. D. es el retrato de un fallo sistémico en la vigilancia de la salud mental en los cuerpos policiales.
• Hipótesis de la Condena: La pena solicitada de 37 años de prisión se perfila como el escenario más probable tras un veredicto que no deja lugar a dudas sobre la alevosía.
• Responsabilidad Institucional: La sentencia ratificará previsiblemente la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Ceuta, obligándole a pagar indemnizaciones de más de 850.000 euros por negligencia en la custodia del arma.
• Justicia para las Víctimas: El veredicto de 2026 valida por fin el testimonio de una hija que fue doblemente victimizada. Ceuta cierra así uno de sus capítulos más negros, con la esperanza de que este caso sirva para que los protocolos de control de armas no vuelvan a fallar.
Esta noticia respeta el derecho a la defensa y la presunción de inocencia técnica hasta la firmeza de la sentencia, basándose estrictamente en el veredicto emitido por el jurado popular el 17 de abril de 2026.
