La asociación reclama investigar a los autores, reforzar la protección del agente y su familia y una condena institucional ante un acto que considera un intento de generar miedo entre los miembros del Cuerpo.
La asociación reclama investigar a los autores, reforzar la protección del agente y su familia y una condena institucional ante un acto que considera un intento de generar miedo entre los miembros del Cuerpo.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado un ataque contra el domicilio particular de un agente de la Guardia Civil destinado en Ceuta, un hecho que considera especialmente grave por haberse producido en el espacio privado del funcionario y no en un entorno público.
La organización subraya que no se trata simplemente de una pintada o de una consigna realizada en la vía pública, sino de una actuación dirigida contra la vivienda de un guardia civil y, por extensión, contra el entorno familiar del agente.
Para AUGC, señalar el domicilio de un miembro del Cuerpo supone cruzar una línea especialmente preocupante, ya que busca trasladar la intimidación hasta el lugar donde el agente debería sentirse más seguro: su propia casa.
“Generar miedo incluso al llegar a casa”
La asociación considera que este tipo de actuaciones no pueden tratarse como hechos aislados o anecdóticos. A su juicio, cualquier señalamiento dirigido contra los agentes por su condición profesional puede contribuir a crear un clima de hostigamiento y presión que termine escalando hacia situaciones de mayor gravedad.
AUGC advierte de que la experiencia acumulada durante décadas en otros territorios demuestra que la normalización de este tipo de comportamientos puede favorecer una escalada de ataques contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
“Quien ataca el domicilio de un guardia civil no discrepa: intimida”, sostiene la organización, que reclama una respuesta firme ante lo sucedido.
Investigación y protección para el agente y su familia
Ante los hechos, AUGC exige una investigación inmediata que permita identificar a los responsables y determinar las consecuencias legales que pudieran derivarse de su actuación.
La asociación pide además que se valore la posible existencia de un delito de odio, en aplicación del artículo 510 del Código Penal, al considerar que la acción podría estar motivada por la pertenencia de la víctima al Cuerpo de la Guardia Civil.
Junto a la investigación, AUGC reclama que se adopten medidas de protección para el agente y sus familiares, así como una revisión de las condiciones de seguridad en los entornos residenciales donde viven los guardias civiles destinados en Ceuta.
AUGC pide el respaldo de la Dirección General
La organización considera igualmente necesario que la Dirección General de la Guardia Civil se persone y ampare al agente afectado, evitando que tenga que afrontar individualmente las consecuencias personales y jurídicas derivadas de un ataque relacionado con su condición profesional.
AUGC reclama también una condena institucional expresa por parte de las administraciones y de las diferentes fuerzas políticas, independientemente de cualquier consideración partidista.
Para la asociación, la gravedad del episodio exige una respuesta unánime que deje claro que cualquier intento de intimidación contra los agentes y sus familias resulta incompatible con una sociedad democrática.
La presión sobre los agentes de la Guardia Civil en Ceuta
AUGC sitúa el episodio en un contexto que considera especialmente delicado para los guardias civiles destinados en la ciudad. La asociación recuerda que los agentes llevan meses afrontando una elevada presión vinculada a la vigilancia de la frontera sur de Europa y denuncia que persisten déficits de personal y de medios que viene reclamando desde hace años.
A su juicio, a esta sobrecarga profesional no puede añadirse ahora el temor de que los agentes puedan sentirse señalados o perseguidos incluso en sus propios domicilios.
La asociación ha trasladado su disposición a prestar asistencia jurídica al agente afectado y no descarta emprender las acciones legales que correspondan para defender sus derechos.
AUGC insiste así en que garantizar la seguridad de quienes trabajan diariamente para proteger a la ciudadanía debe constituir también una prioridad para las administraciones.
