Hay imágenes que valen más que mil informes. Y hay imágenes que, precisamente por su valor probatorio, alguien decide ocultar. Es lo que ha ocurrido con una serie de fotografías satelitales obtenidas por el Centro Nacional de Inteligencia que acreditan un grado de organización de la caravana de inmigrantes hacia la frontera de Ceuta que resulta, según fuentes policiales citadas por Vozpópuli, "impensable si no es con el concurso de las autoridades del país norteafricano". Esas imágenes, que muestran vehículos de alquiler fletados para trasladar a decenas de miles de personas hacia el paso fronterizo, fueron excluidas del informe que la Policía Nacional remitió a la magistrada María Tardón. El Gobierno decidió "secuestrarlas" amparándose en razones de seguridad nacional, con la "intención real de impedir" que la jueza conociera su contenido.
Hay imágenes que valen más que mil informes. Y hay imágenes que, precisamente por su valor probatorio, alguien decide ocultar. Es lo que ha ocurrido con una serie de fotografías satelitales obtenidas por el Centro Nacional de Inteligencia que acreditan un grado de organización de la caravana de inmigrantes hacia la frontera de Ceuta que resulta, según fuentes policiales citadas por Vozpópuli, "impensable si no es con el concurso de las autoridades del país norteafricano". Esas imágenes, que muestran vehículos de alquiler fletados para trasladar a decenas de miles de personas hacia el paso fronterizo, fueron excluidas del informe que la Policía Nacional remitió a la magistrada María Tardón. El Gobierno decidió "secuestrarlas" amparándose en razones de seguridad nacional, con la "intención real de impedir" que la jueza conociera su contenido.
La decisión del Ejecutivo no es un detalle menor. Rompe la cadena de transmisión habitual entre los cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia, y establece un precedente inquietante: por primera vez, un Gobierno decide qué pruebas puede ver un juez y qué pruebas deben quedar fuera de su alcance. Las fuentes policiales consultadas por Vozpópuli son claras: sobre la dinámica de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se impuso la voluntad partidista de dificultar las diligencias policiales dirigidas a suministrar información a la jueza Tardón. El objetivo no era proteger secretos de Estado, sino evitar que la investigación avanzara en una dirección incómoda para el Ejecutivo.
Las fotografías en cuestión muestran algo que el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras ya describía con palabras, pero que las imágenes hacen tangible: la existencia de una logística compleja, coordinada y perfectamente organizada. Los vehículos de alquiler que aparecen en las imágenes no se explican por sí solos. Detrás de ellos hay contratos, reservas, pagos, rutas establecidas y puntos de recogida. Nada de eso puede improvisarse en cuestión de horas. La magnitud de la movilización, la sincronización de los flujos y la capacidad de concentrar a decenas de miles de personas en un punto concreto de la frontera en apenas dos días exigen una planificación que, como señala el informe policial, descarta la "generación espontánea".
El propio auto de la jueza Tardón, dictado el 7 de septiembre, ya apuntaba en esa dirección. La magistrada consideraba acreditada la existencia de una "clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos", con agentes uniformados que no solo no impedían el paso, sino que lo guiaban activamente. Las fotografías satelitales que el Gobierno ha ocultado a la jueza completarían ese cuadro con una prueba gráfica que, según las fuentes consultadas, resultaría difícilmente rebatible. No se trata de interpretaciones o testimonios, sino de imágenes que muestran la realidad de lo que ocurrió sobre el terreno.
El hecho de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya cuestionado la reserva ordenada por la jueza Tardón a los policías que elaboraron el informe añade una capa de sospecha sobre las intenciones del Ejecutivo. Marlaska se quejó al Consejo General del Poder Judicial de que la magistrada hubiera impedido trasladar el documento a la cadena de mando policial. La presidenta del Consejo, Isabel Perelló, le recordó que la independencia judicial debe respetarse y que la ley obliga a la Policía a colaborar con los órganos judiciales. Pero la queja del ministro, lejos de aclarar nada, revela una obsesión por controlar la información que difícilmente se compadece con el respeto a la separación de poderes.
La cadena de ocultación es reveladora. El Centro Nacional de Inteligencia obtuvo las imágenes satelitales. La Policía Nacional las solicitó para incorporarlas al informe que la jueza había requerido. El Gobierno, que tiene conocimiento de la petición, decidió "secuestrar" las fotografías amparándose en razones de seguridad nacional. El informe llegó a la jueza sin ellas. La magistrada, por tanto, dictó su auto de competencia sin haber visto la prueba gráfica más contundente de la coordinación marroquí. Y el Gobierno, mientras tanto, desclasificaba selectivamente otra documentación para justificar su versión de que nadie anticipó la magnitud del asalto.
La paradoja es que el Ejecutivo insiste en que no existen elementos objetivos para atribuir a Marruecos la planificación de la crisis. Pero si esos elementos no existen, ¿por qué ocultar unas fotografías que, según fuentes policiales, los acreditan? Si las imágenes fueran inocuas, no habría razón para impedir que la jueza las viera. La decisión de excluirlas del informe revela, por sí sola, que su contenido es relevante y que el Gobierno lo sabe. La seguridad nacional, invocada como coartada, no es más que un pretexto para frenar una investigación que apunta directamente a las más altas instancias del Estado marroquí y, por elevación, a la responsabilidad del Ejecutivo español por su inacción.
El auto de la jueza Tardón ya advertía que la investigación deberá abarcar "todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con tal entrada masiva e irregular", incluyendo la articulación de la respuesta y la incidencia de las alertas previas. Esa advertencia es, en sí misma, una señal de que la magistrada sospecha que la omisión del Gobierno no fue casual. Las fotografías ocultas son una pieza más de un rompecabezas que el Ejecutivo ha intentado desmontar desde el primer día. Y como ha señalado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la inacción solo se explica por "ineptitud, irresponsabilidad o para no molestar al vecino". Las fotos que el Gobierno no quiso que la jueza viera dicen mucho sobre cuál de esas tres explicaciones es la verdadera.