Cada día es lo mismo. Se abre una publicación en redes sociales y en cuestión de minutos aparecen los mismos bandos de siempre, unos contra otros, cada cual convencido de que defiende la verdad y el otro la mentira. Da igual el tema: acaba convertido en una guerra de colores políticos donde nadie escucha y todos gritan. Lo más preocupante no es que discrepen, es en qué se convierte esa discrepancia. Basta con opinar distinto sobre un asunto político para dejar de ser, a ojos del otro, un vecino más con una opinión legítima y pasar a ser un enemigo al que insultar. Y cuando los argumentos se agotan, sale la última carta: decirle al otro que no es de Ceuta, que no lleva la ciudad por bandera, que no tiene derecho a opinar como ceutí porque no piensa como el que le está atacando. Es una forma de callar al que piensa distinto sin rebatirle nada, negándole hasta su identidad. Ceuta se ha acostumbrado a pelear entre ceutíes por ideologías ajenas, mientras los problemas que de verdad nos afectan a todos quedan aparcados. Quien escribe estas líneas lo ha vivido en primera persona: pedir calma y unidad en un artículo de opinión ha sido motivo suficiente para recibir insultos y, en más de una ocasión, para que perfiles falsos usaran mi propia fotografía sin permiso con tal de desacreditar el mensaje. No hace falta firmar nada polémico para convertirse en blanco, basta con no ponerse la camiseta de ningún bando.
Cada día es lo mismo. Se abre una publicación en redes sociales y en cuestión de minutos aparecen los mismos bandos de siempre, unos contra otros, cada cual convencido de que defiende la verdad y el otro la mentira. Da igual el tema: acaba convertido en una guerra de colores políticos donde nadie escucha y todos gritan. Lo más preocupante no es que discrepen, es en qué se convierte esa discrepancia. Basta con opinar distinto sobre un asunto político para dejar de ser, a ojos del otro, un vecino más con una opinión legítima y pasar a ser un enemigo al que insultar. Y cuando los argumentos se agotan, sale la última carta: decirle al otro que no es de Ceuta, que no lleva la ciudad por bandera, que no tiene derecho a opinar como ceutí porque no piensa como el que le está atacando. Es una forma de callar al que piensa distinto sin rebatirle nada, negándole hasta su identidad. Ceuta se ha acostumbrado a pelear entre ceutíes por ideologías ajenas, mientras los problemas que de verdad nos afectan a todos quedan aparcados. Quien escribe estas líneas lo ha vivido en primera persona: pedir calma y unidad en un artículo de opinión ha sido motivo suficiente para recibir insultos y, en más de una ocasión, para que perfiles falsos usaran mi propia fotografía sin permiso con tal de desacreditar el mensaje. No hace falta firmar nada polémico para convertirse en blanco, basta con no ponerse la camiseta de ningún bando.
Hay motivos reales para exigir explicaciones. El Ayuntamiento y las empresas públicas de la ciudad llevan tiempo bajo la lupa del Tribunal de Cuentas por irregularidades en su gestión, y varias de esas cuestiones han acabado también en sede judicial. Es un hecho verificable, no una opinión: los informes existen y están a disposición de cualquiera que quiera consultarlos.
A eso se suma otro caso muy reciente. El 27 de agosto, la Ciudad Autónoma formalizó, sin publicidad previa y por la vía de emergencia, dos contratos que suman 5,75 millones de euros para la acogida de menores tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio. El de mayor cuantía, 3.267.698,08 euros, fue a la empresa Absercon, cuyo administrador es hermano de un asesor de Presidencia; el segundo, 2.483.175 euros, recayó en una ferretería vinculada al primo del presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Lo reveló elDiario.es y lo confirman los datos del perfil de Contratación Pública. El Gobierno de Vivas ha rechazado tajantemente cualquier trato de favor y sostiene que la elección de las empresas siguió un trámite técnico y no una decisión política, algo que los pliegos oficiales, según ha publicado El Español, respaldarían. Que exista o no favoritismo lo determinará quien tenga que fiscalizarlo. Lo que no admite discusión es que son 5,75 millones de dinero público adjudicados sin concurrencia pública, a empresas de familiares directos de cargos de confianza del presidente, y que ese hecho merece la misma atención que le dedicamos a discutir quién insultó a quién en un hilo de Twitter.
Lo que sí es valoración personal es esto: cuesta ver a la clase política ceutí, en su conjunto, empujando con la misma fuerza para que esa fiscalización se haga de verdad, con datos claros y cuentas abiertas al vecino que paga sus impuestos.
Y mientras se discute quién insulta a quién en Twitter o en Facebook, hay un aviso que merece mucha más atención de la que está recibiendo. Según una investigación de Verifica RTVE, en redes han circulado mensajes que señalan el 23 de septiembre como posible nueva fecha para un intento de entrada masiva a la ciudad, coincidiendo con las elecciones legislativas en Marruecos. La propia investigación aclara que no se ha confirmado que exista una convocatoria efectiva para ese día. Es importante decirlo así, sin alarmismo y sin restarle importancia: no es una certeza, pero tampoco es un rumor cualquiera para ignorar después de lo vivido el pasado 30 y 31 de julio.
Esto es lo que debería ocupar la agenda de todos los partidos con representación en la ciudad, sin excepción. No he visto, hasta la fecha, una sola iniciativa conjunta y visible entre las distintas fuerzas políticas ceutíes para sentarse a hablar de cómo se prepara la ciudad ante un escenario así. Cada uno sigue a lo suyo, cada uno mirando las próximas elecciones antes que la próxima frontera.
Y las responsabilidades, sean del político que sean y de la ideología que defiendan, deben depurarse a nivel nacional y a nivel de la ciudad autónoma poniéndolas en manos de la justicia. Que sea un juez quien dicte sentencia, no los ceutíes enfrentados en un comentario de Facebook.
Ceuta no necesita más ceutíes enfrentados por banderas de partido. Necesita políticos que dejen de mirarse el ombligo y una ciudadanía que exija cuentas claras y unidad real cuando lo que está en juego es la seguridad y la convivencia de todos.