La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha lamentado hoy la "criminalización" que sufren los agentes de este Cuerpo destinados a la impermeabilización fronteriza frente a la inmigración irregular y ha pedido que se aplique, entre otras medidas, el Acuerdo de Readmisión entre España y Marruecos.
La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha lamentado hoy la "criminalización" que sufren los agentes de este Cuerpo destinados a la impermeabilización fronteriza frente a la inmigración irregular y ha pedido que se aplique, entre otras medidas, el Acuerdo de Readmisión entre España y Marruecos.
En rueda de prensa, el delegado de APROGC en Melilla, Guillermo Prada, ha detallado la Propuesta sobre Inmigración que ha presentado su asociación, dado que el rechazo en frontera, que entró en vigor en 2015 con la Ley de Seguridad Ciudadana, ha producido una "situación de enroque y crispación".
Esta figura, según APROGC, "está siendo ampliamente cuestionada por partidos políticos y ONG", al tiempo que "los guardias civiles están siendo cuestionados por ser los encargados de su aplicación" y los intentos de salto a la valla "se han tornado más violentos" porque "obliga a los inmigrantes a superar los elementos de contención a toda costa".
Por ello, esta asociación se ha marcado como objetivo que los guardias civiles de Melilla y Ceuta "dejen de ser criminalizados" mediante una Propuesta sobre Inmigración, que hoy será sometida a debate en unas jornadas formativas organizadas por APROGC, y en la que recomienda la firma de un Paco de Estado en Inmigración.
También incluye esta propuesta la aplicación del Acuerdo de Readmisión que firmaron España y Marruecos en 1992 a los extranjeros de terceros países interceptados en Ceuta y Melilla, así como la incorporación a este acuerdo de un "Procedimiento Acelerado de Readmisión", tal y como recomendó el Consejo de Europa en 1995.
Según APROGC, con esta propuesta se daría satisfacción a "las históricas reivindicaciones" de las ONG, se daría un punto de encuentro a los políticos, se evitaría la criminalización de los guardias civiles y permitiría que los inmigrantes interceptados recibiesen asistencia médica, letrada "y tratamiento de asilo, si fuera el caso".
Prada ha señalado que la urgencia por llevar a cabo estas medidas "viene de hace años" y no se debe a la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por la devolución de dos inmigrantes que intentaron saltar la valla de Melilla.
No obstante, ha admitido que esta sentencia "da un toque de atención muy importante al Gobierno para que adecúe las herramientas legales de las que disponen los guardias civiles para luchar contra la inmigración irregular".