Hay una frase que se repite estos días en Ceuta, en la calle y en los despachos, como si fuera la solución: que se vayan. Se dice fácil. Y sin embargo, entre 8.000 y 11.000 personas siguen en la ciudad casi dos semanas después de la entrada masiva del 30 de julio, y no es porque nadie quiera resolverlo. Es porque, en España, expulsar a una persona no es un gesto administrativo. Es un procedimiento con nombre, apellidos y varios caminos distintos, ninguno de ellos instantáneo.
Hay una frase que se repite estos días en Ceuta, en la calle y en los despachos, como si fuera la solución: que se vayan. Se dice fácil. Y sin embargo, entre 8.000 y 11.000 personas siguen en la ciudad casi dos semanas después de la entrada masiva del 30 de julio, y no es porque nadie quiera resolverlo. Es porque, en España, expulsar a una persona no es un gesto administrativo. Es un procedimiento con nombre, apellidos y varios caminos distintos, ninguno de ellos instantáneo.
El primer error de la conversación pública es pensar que existe un botón. No lo hay. Existen tres vías legales, y cada una responde a una situación distinta. La devolución, pensada para quien es interceptado en el momento mismo de cruzar la frontera, no sirve para quien ya lleva días caminando por la ciudad: la ley obliga entonces a abrir un expediente de expulsión, con su propio procedimiento y sus propias garantías. Y ese expediente, para no acabar anulado en un juzgado, necesita estar bien instruido desde el primer papel.
El segundo error es creer que basta con la voluntad de Madrid. El propio ministro de Exteriores lo ha dicho estos días con una contundencia que suena más a promesa que a hoja de ruta: que hasta la última persona que entró de forma irregular volverá a Marruecos. Pero la devolución depende de un socio, y ese socio, esta misma semana, ha planteado suspender el acuerdo de extradición con España, quejándose de que Madrid no cumple los plazos pactados en anteriores entregas. Cuando la confianza entre dos gobiernos se resquebraja por un asunto, el efecto se filtra a todos los demás, aunque sean jurídicamente independientes.
El tercer error, el más delicado, es hablar de los migrantes como si fueran un bloque único. No lo son. Entre las miles de personas que permanecen en Ceuta hay menores no acompañados, y ahí la ley no deja margen de maniobra: no se les puede devolver ni expulsar de forma inmediata, cada caso exige informe de circunstancias familiares, informe del Ministerio Fiscal y la propia voz del menor antes de decidir nada. No es un capricho burocrático. Es la lección aprendida de 2021, cuando 57 menores fueron devueltos a Marruecos sin ese trámite, y un juzgado de Ceuta acabó ordenando que catorce de ellos regresaran a España. Acelerar sin cuidar ese detalle no ahorra tiempo: lo multiplica, porque cada expulsión mal hecha vuelve, antes o después, en forma de sentencia.
Nada de esto significa que la situación sea sostenible tal como está, ni que gestionar con rigor jurídico equivalga a no hacer nada. Significa, simplemente, que cualquiera que prometa una salida rápida está prometiendo algo que la ley española no permite improvisar. El verdadero trabajo, el que no sale en un titular de veinte palabras, es el de clasificar caso por caso, reforzar el personal que instruye los expedientes, y negociar con un vecino que, esta semana, está menos dispuesto a cooperar que hace un mes.
Ceuta necesita respuestas. Pero la respuesta que necesita no es la velocidad a cualquier precio. Es la que resiste, después, el paso de un juzgado.
