CCOO ha asegurado hoy que tras dos días de deliberación el Tribunal Supremo ha dado marcha atrás para, ignorado su último fallo, recuperar la doctrina anterior a la sentencia del 18 de octubre. El Alto Tribunal ha fallado finalmente que serán los clientes quienes tengan que asumir el coste del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. El cambio de criterio y la forma en la que se ha producido (con una revocación en pleno de la Sentencia que había adoptado la sala especializada del Tribunal Supremo), provocan una innegable alarma social e instalan una duda sobre la independencia judicial, que un estado de derecho no se puede permitir.
