Plena Inclusión propone que en el nuevo texto de La Ley de la Función Pública se garantice que toda persona con un 33% de discapacidad intelectual pueda presentarse a oposiciones. Así optaría al 2% de las plazas de empleo público reservadas por ley, desde 2011, para estas personas, un requisito que no se cumple en la actualidad.