La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo un estudio sobre la información y los trámites que exigen las entidades financieras para solicitar las moratorias para el pago de créditos hipotecarios y de consumo aprobadas para ayudar a los consumidores en situación de vulnerabilidad. OCU denuncia la falta de información y las trabas que ponen algunas entidades.
OCU destaca que un gran número de entidades de financiación de automóviles, empresas de microcréditos y entidades especializadas en préstamos personales y tarjetas de crédito no ofrecen ninguna información sobre la moratoria. Se trata además de entidades que, por sus elevados intereses y plazos cortos, son las que más verán afectado su negocio con la aplicación de la moratoria legal.
OCU denuncia que menos de la mitad de las entidades permiten realizar la solicitud a distancia directamente, ya sea a través de un formulario online o rellenando una solicitud y enviándola posteriormente por correo electrónico o desde el área personal, ya que la mayoría obliga a ponerse previamente en contacto con el personal del banco para iniciar el trámite, lo que sin duda retrasa la aplicación de la moratoria.
OCU recuerda que la normativa establece que la aplicación de la moratoria deber ser casi automática e implementarse en un plazo máximo de 15 días desde la solicitud. Por ello prevé la responsabilidad de los deudores en el caso de beneficiarse de la moratoria sin cumplir los requisitos.
Asimismo, recuerda que la norma permite sustituir la aportación de documentos por una declaración responsable en la que el consumidor se responsabiliza de aportar los documentos con posterioridad.
Por ello cualquier otro procedimiento, que implique llamadas previas o formularios de contacto en los que el banco comunica que un empleado se pondrá en contacto para iniciar la solicitud lo único que hacen es poner trabas y retrasar la puesta en marcha de la medida.
Ante esta situación, OCU se ha dirigido al Banco de España para poner en su conocimiento estas circunstancias y pedir que se publique la información que de forma obligatoria tienen que remitir las entidades sobre el número de peticiones y el resultado de la tramitación de forma que permita evaluar la eficacia de una medida destinada a aliviar la situación critica de las familias afectadas por el impacto económico de la crisis del coronavirus.
