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Visto para sentencia el juicio contra el ex presidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado
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La Sección VI de la Audiencia de Cádiz celebraba hoy el juicio oral contra el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, José Francisco Torrado, por presunta prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos tras una denuncia de la Asociación de usuarios del Puerto Deportivo de fondos a raíz de la concesión de la explotación de los servicios del puerto deportivo a la sociedad Mahersa.

Torrado se sentaba en el banquillo de los acusados y, desde el primer momento, ha reclamado su inocencia y basado su defensa en que siempre ha actuado en beneficio del interés público y que, en sus decisiones, nunca ha existido la intención de favorecer a Mahersa ni a ninguna otra empresa.

Torrado entrando en la audiencia 22 10 19

Los hechos se remontan a 2006, y se acusa a José Torrado de haber beneficiado a la concesionaria Mahersa por bajar, desde 2006 hasta 2012, el canon exigido en el pliego de condiciones y permitirle subir de un 10% a un 13% como máximo las tarifas que se cobrasen a los usuarios de las instalaciones, con el consiguiente perjuicio a estos usuarios y al erario público por dejar de ingresar las cantidades acordadas.

Esta minoración en el canon a pagar se hacía mediante unas compensaciones de créditos firmadas anualmente por la presidencia y estaban justificadas por parte de la Autoridad Portuaria al entender que había diversas causas que impedían a la concesionaria obtener el beneficio esperado. Estas causas eran varias: las obras que se estaban llevando a cabo en la escollera que el temporal de 2005 provocó y que impedían la explotación de esa parte del parking de vehículos, la ocupación de la zona denominada “marina seca” con embarcaciones y carros abandonados y la limitación en las tarifas a cobrar a los usuarios en un 13% como máximo del que se pagaba anteriormente. Todo ello provocaba que la concesionaria no pudiese explotar la totalidad de la dársena deportiva, con el consiguiente perjuicio económico.

Después de que el Club Náutico CAS dejara la gestión del puerto deportivo en 2003, esta recayó en manos de la Autoridad Portuaria que, siguiendo su Plan de Empresa, preparó un concurso para la concesión de gestión de los servicios del puerto deportivo. Tras dos concursos fallidos, el tercero fue adjudicado a Mahersa, que desde el principio obtuvo el rechazo de los usuarios del puerto por el posible aumento de las tarifas que pagaban, ya que solo abonaban el servicio de atraque y la Autoridad Portuaria se hacía cargo de los gastos de mantenimiento, vigilancia, limpieza, etc.

Torrado juicio audiencia 2

El juicio comenzaba pasadas las 10:30 de la mañana con tres alegaciones presentadas por la Abogada del Estado, que defendía al ex presidente Torrado, en las que pretendía excluir en primer lugar a la acusación particular por entender que no había sido perjudicada por las decisiones tomadas por la Autoridad Portuaria, solicitaba una nulidad por vulnerabilidad de su defendido por el exceso en el escrito de la acusación entender que no había ánimo de lucro en las decisiones tomadas y, en tercer lugar, pedía la anulación del proceso sobre la petición de responsabilidad civil del acusado al considerar que solo el Tribunal de Cuentas puede entrar a cuantificar estos supuestos daños al erario público. La Sala no tuvo a bien aceptar ninguna de las alegaciones de la defensa, por lo que el juicio daba comienzo con la declaración del ex presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, José Torrado.

La cuestión principal sobre la que han girado los argumentos de la acusación y la defensa ha sido determinar la naturaleza jurídica de la concesión que consiguió Mahersa tras adjudicarse el concurso que la Autoridad Portuaria convocó para la explotación de los servicios de la dársena deportiva.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, la asociación de usuarios del puerto deportivo, entendían que esta era una concesión administrativa genérica y la defensa abogaba por que esta concesión era una concesión de gestión de obra pública.

Así, según la tesis de la defensa, corroborada también por el director del Puerto, César López Ansorena que acudía como testigo al juzgado, el ahora expresidente de la Autoridad Portuaria tenía competencias para, dentro de una relación contractual entre Mahersa y la Autoridad Portuaria, dictar unas resoluciones anuales por las que compensaban las tasas que Mahersa debía pagar anualmente al entender que la concesionaria resultaba perjudicada por las limitaciones en las tarifas a cobrar a los usuarios.

Por su parte, el ministerio fiscal ha argumentado que en los pliegos del concurso para la concesión de la gestión de los servicios del puerto deportivo no existen ninguna alusión a que esta concesión sea por obra pública, por lo que consideraba que Torrado no tenía las competencias necesarias para modificar el canon a pagar ni para modificar las tarifas máximas a cobrar a los usuarios, por lo que entendía que el ex presidente había incurrido en un delito de prevaricación y otro de malversación, impidiendo a la Autoridad Portuaria el ingreso de más de 1,4 millones de euros en el periodo comprendido en la denuncia, entre 2006 y 2012.

La acusación particular defendía de forma más vehemente estos argumentos, acusando a Torrado de perjudicar a los usuarios del puerto en beneficio de la empresa Mahersa y desmintiendo que la concesionaria fuese la perjudicada ya que entendía que al aumentar el límite de las tarifas a cobrar a los usuarios y disminuir el canon anual a pagar (por ejemplo en 2006 pasó de 415.000 a 157.000, sin que haya tenido en cuenta que 415.000 se pagaba al año y la concesión empezó en abril) la empresa ingresaba más dinero y salía beneficiada. También recordó que se habían eliminado los “fingers” utilizados para que el acceso a las embarcaciones fuesen de forma lateral y no frontal, facilitando así el embarque, y que Mahersa había aumentado así el número de barcos que cabían en un 25%. El letrado afirmaba que se había preparado un concurso insostenible para cualquier empresa y que solo podía ganar Mahersa ya que luego se le habían bajado deliberadamente las cantidades que debía pagar al Puerto.

Torrado juicio audiencia 3

Tras las declaraciones del resto de testigos y peritos, entre los que estaban el ya mencionado César López, José Miguel Morales y José Mª Carrasco, trabajadores de la Autoridad Portuaria y Ángel Pino, presidente de la asociación de usuarios del puerto deportivo, se pasaba a las conclusiones definitivas de la defensa y las acusaciones, en las que cada uno defendía su postura.

Cabe destacar que la abogada de Torrado lamentaba que el descontento de los usuarios del puerto deportivo, que pretendían no pagar por los servicios obtenidos, haya acabado por su mala fe en la vía penal, con el consiguiente perjuicio a su defendido.

La vista oral finalizaba con la intervención de nuevo del ex presidente José Torrado, que volvía a proclamar su inocencia y defendía que todas sus actuaciones iban siempre dirigidas al interés general, sin beneficiar a ninguna empresa.

El ministerio fiscal pide una condena contra Torrado de cinco años de prisión y la acusación particular eleva su petición hasta los seis años, mientras que la defensa pide la absolución de su defendido.

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Ceuta, Jueves 21 de Noviembre del 2019
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