Se presenta ante la fiscalía un dosier contra Pedro Sánchez, Illa y Alfonso María Jiménez Palacios, director del INGESA
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En el documento se recogen facturas e información directa

Acusan al Gobierno y al INGESA de realizar compras a empresas de “amigos”

En virtud del artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que indica, “El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare”, se presentó (30 abril) ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Madrid) un dosier que recoge todos los “trapos sucios” de la gestión del Gobierno y la actuación del INGESA en esta crisis sanitaria.

“El Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, abría la puerta a los incompetentes a malgastar, sin ningún criterio lógico, el dinero público, ya que se concedía un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros, al Ministerio de Sanidad, para contribuir a la financiación de los gastos extraordinarios por la pandemia del coronavirus. Desde el 10 de marzo del presente año, hasta el 17 de abril, el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA, Alfonso María Jiménez Palacios, contrató por Procedimiento de Emergencia hasta un total de 41 contratos. Haciendo uso de una total opacidad incumplió la Ley de Contratos del Sector Público, al no publicar la identidad de los proveedores y ocultar la información en el Portal de Transparencia a los ciudadanos”, recoge el documento.

Tras aportar un gran número de documentos anexos y recortes de noticias nacionales, el documento manifiesta “Parece muy evidente que los contratos realizados por el INGESA fueron ocultados por el gobierno de la nación con objeto de que no se conocieran los proveedores adjudicatarios de los mismos. Solo tras la presión mediática, día a día, solicitando el nombre de las empresas beneficiarias, doblegó la resistencia del gobierno que dispuso, a su pesar, la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado. En todo caso se ha ocultado el nombre de los intermediarios españoles que han contratado en China para el INGESA”.

Supuestas ocultaciones

“La opacidad es insultante haciéndose desde la soberbia de quién la practica, como quien controla todos los resortes y no le preocupa cualquier acción penal o mediática que pudiera ir contra el infractor o delincuente. Hemos valorado la malversación producida en más de 50 millones de euros, debiéndose tener en cuenta que se ha limitado el estudio a tres productos: batas desechables, gel desinfectante y guantes de nitrilo. Todo sin hablar de los 640.000 test defectuosos que adquirió el gobierno en un contrato que superó los 500 millones de euros”, añaden.

Supuestos delitos

“Creemos, por tanto, que estamos ante los posibles delitos de la Prevaricación de los Funcionarios Públicos y Otros Comportamientos Injustos, de la Malversación, de los Fraudes y Exacciones Ilegales y de los delitos de Corrupción en las Transacciones Comerciales Internacionales, presuntamente cometidos por Pedro Sánchez Pérez Castejón, Salvador Illa Roca y Alfonso María Jiménez Palacios", concluyen.

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Ceuta, Jueves 03 de Diciembre del 2020

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