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Lorenzo del Río, presidente del TSJA
Tribunales
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Los juzgados y tribunales de Andalucía resolvieron durante el año 2018 prácticamente todos los asuntos que ingresaron. Así, en 2018 ingresaron 1.209.533 asuntos frente a los 1.210.273 del pasado año, lo que revela que ha disminuido muy ligeramente el nivel total de litigiosidad (un 1% menos en relación con el 2017).

Las cifras recogidas en la Memoria Anual de Actividades y Funcionamientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2018 reflejan, como cada año, un porcentaje de carga de trabajo demasiado elevada para los actuales recursos personales y defectuoso sistema organizativo, sumamente deficitario y rígido, lo que demuestra que nuestro sistema de justicia se encuentra claramente congestionado. Al mismo tiempo, evidencia la necesidad de frenar la elevada litigiosidad, una de las más altas de España y de los países de nuestro entorno.

A final de año quedaron pendientes un total de 559.029 asuntos. Esto supone un incremento del 10 por ciento respecto a los que quedaron en trámite al final de 2017. Así, pese a que los órganos judiciales del territorio siguen en un buen nivel de laboriosidad, la carga total de trabajo (asuntos registrados más pendientes), siempre es superior a los que se resuelven.

Ello no permite una valoración final satisfactoria, pues es patente la dificultad de rebajar el volumen de asuntos pendientes , así como mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales.

En este sentido, la Memoria indica que si “queremos avanzar en la normalización de nuestros tribunales, así como generalizar el rendimiento óptimo de la justicia y la reducción de la bolsa de asuntos pendientes, será imprescindible la creación de nuevas plazas judiciales y mejora de los planes de refuerzo, así como la mejor optimización de ciertos órganos; y, en este contexto, es prioritario incrementar nuestros niveles de eficacia mediante propuestas organizativas reiteradas y olvidadas año tras año”.

Los andaluces continúan siendo de los que más litigan en los tribunales. Andalucía se sitúa, un año más, en los puestos de cabeza en número de asuntos ingresados a nivel nacional. Así, tenemos un porcentaje superior en un 22% al de la litigiosidad estatal, que alcanzó un total de 5.584.704 en los órganos judiciales españoles. Si la tasa en el conjunto del Estado ha sido de 128,2 asuntos por cada 1.000 habitantes, en el ámbito del TSJA es de 145,1 asuntos por cada 1.000 habitantes, la segunda más alta de España.

En el número global de asuntos, se mantiene otro dato estadístico repetido cada año: los procedimientos penales suponen cuantitativamente la mayor carga de trabajo judicial, en concreto el 59% del total. En el otro extremo, se sitúa el porcentaje relativo a la jurisdicción social (un 6%) y contencioso administrativa (un 4%), mientras que la jurisdicción civil supone un 31% del total de asuntos ingresados.

Durante 2018, bajaron los asuntos ingresados en las jurisdicciones penal y social y subieron en la civil y contencioso-administrativo. Así, la jurisdicción social ingresó un 2 por ciento de asuntos menos que el año anterior, rompiendo la línea ascendente de 2017. Por su parte, la penal ingresó un 5 por ciento menos que el año anterior.

En cambio, la jurisdicción contencioso-administrativa sufrió un aumento del número de asuntos registrados de un 16% rompiendo la tendencia del año anterior que bajó un 8%, si bien este aumento considerable es debido singularmente a procesos en materia de extranjería, en los que se acuerda la devolución o expulsión del extranjero. Estos asuntos significan el 24% del total nacional, dato que indica que también seguimos a la cabeza de la tasa de litigiosidad en esta jurisdicción.

La jurisdicción civil ingresó un 10 por ciento más de asuntos y continúa la tendencia al alza desde el incremento del 4 por ciento del pasado año, que obedece, sin duda, a la litigiosidad derivada de las reclamaciones en materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

La delicada situación generada en esta materia deriva de una escalada de asuntos civiles e innumerables reclamaciones a las entidades de crédito por parte de los consumidores, lo que afecta sensiblemente al funcionamiento de nuestros Juzgados y Tribunales, máxime cuando nuestro territorio asume más del 22% del registro a nivel nacional.

La estadística ha crecido desorbitadamente en Andalucía. Contamos con un registro de 45.948 procedimientos durante 2018, con la siguiente distribución por provincias: Almería (3.003), Cádiz (6.808), Córdoba (4.681), Granada (4.722), Huelva (4.127), Jaén (4.835), Málaga (7.333) y Sevilla (10.439).

Si ya había sido muy elocuente el volumen de entrada de asuntos desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 2017 (36.046 procedimientos ingresados en los denominados Juzgados bis), ha continuado la progresión de entrada de asuntos de forma llamativa, de modo que, a fecha 31 de marzo de 2019, hemos llegado en Andalucía a una cifra total de 87.345 procedimientos.

A partir de enero de 2019, se ha ampliado el refuerzo y número de jueces en todas las estructuras organizativas especializadas. La Sala de Gobierno, además, ha elaborado planes de actuación y coordinación de señalamientos, con la finalidad de aumentar la eficiencia en estos Juzgados especializados.

Se estima necesario que exista una coordinación entre las agendas de los diversos jueces que sirven en una misma estructura organizativa especializada. También es necesario que la Consejería de Justicia adopte las medidas necesarias para que pueda materializarse debidamente la integración de las estructuras judiciales.

Y, por supuesto, hay que evitar a toda costa que el esfuerzo de la Administración de justicia en esta materia pueda llevarnos en algún momento a hablar de despilfarro, máxime cuando contamos ya, con carácter general, con jurisprudencia española y europea que debe impulsar a una solución consensuada en mucha mayor medida. Así, se siguen observando con preocupación determinadas prácticas procesales que aumentan el número de pleitos y evitan soluciones consensuadas.

La elevada litigiosidad y la congestión del sistema imponen el avance hacia un nuevo concepto de justicia, donde adquiere creciente importancia la mediación como instrumento complementario de la administración tradicional de la justicia.

En este sentido, el presidente del TSJA aboga por implantar una nueva concepción de los sistemas de resolución de conflictos en la que, sin duda, se precisa una mayor implicación de los diferentes sectores profesionales (jueces, abogados, empresas, Administración y colectivos en general).

Como indica la Memoria, a mediación no debe concebirse como un instrumento para aligerar la carga de trabajo de los tribunales, sino como una herramienta que, siendo capaz de producir ese efecto, debe considerarse esencialmente como “un medio capaz de propiciar la tutela de los derechos e intereses legítimos”.

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Ceuta, Miercoles 26 de Junio del 2019
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