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La Fiscalía de Ceuta acusa a 54 personas por ocho delitos distintos en el “caso Emvicesa”
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La Fiscalía de Ceuta ha formulado, en su escrito de acusación en el caso Emvicesa, hasta ocho delitos recogidos en el Código Penal para los 54 investigados en la causa.

El escrito, remitido a la Sección de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, señala el delito continuado de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, tráfico de influencias, delito continuado de falsedad en documento, continuado de cohecho del artículo 419, y otro de cohecho del artículo 424, además del delito de organización criminal, continuado de blanqueo de capitales y otro de cohecho del artículo 419.

Antonio López Fernández, como gerente de Emvicesa, Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta, desde el 9 de julio de 2013 hasta el 22 de junio de 2015, y viceconsejero de Vivienda y Rehabilitación de Edificios, la Fiscalía le considera responsable de los siguiente delitos y solicita penas de prisión por :

  • Prevaricación continuada, 10 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público
  • Falsedad de documentos en concepto de autor e inductor, 6 años de prisión
  • Cohecho continuado en concepto de autor, 6 años
  • Organización criminal en concepto de autor en su modalidad de constituir, organizar, promover, coordinar o dirigir la organización criminal, 8 años de prisión
  • Blanqueo continuado de capitales, 6 años de prisión y multa de 5.935.963 euros.

Para los cinco trabajadores del departamento comercial de Emvicesa pide penas por los siguientes delitos

  • Por prevaricación continuada en concepto de cooperadores necesarios, 6 años y seis meses de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena
  • Falsedad de documento en concepto de autores, 4 años de prisión
  • Cohecho, 4 años de prisión y multa de 15 meses a una cuota diaria  de 12 euros m con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago previsto
  • Formar parte de organización criminal , 5 años de prisión

.Para uno de ellos además se le incluye el delito de tráfico de influencias con una pena de 2 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 6 años

Para los tres acusados e integrantes de la Comisión Local de la Vivienda, Susana Román, Mohamed Ali y Rabea Mohamed:

  • Prevaricación, 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
  • Pertenencia a organización criminal, 5 años de prisión.

A la presidenta de la Comisión, Román, se le añade el delito de falsedad de documentos con pena de prisión de 6 años.

A los cinco investigados que actuaban como intermediarios y captadores de clientes se le imputan los delitos

  • Cohecho, con 5 años de prisión
  • Pertenecer a organización criminal y se solicita 5 años de prisión

A uno de ellos se le acusa de dos delitos distintos de cohecho y de pertenencia a organización criminal y se solicita un total de 11 años de prisión.

Para Jesús María G.B., entonces diputado de la Ciudad Autónoma de Ceuta y gerente del Partido Popular, la Fiscalía pide  2 años por el presunto delito de tráfico de influencias  y la inhabilitación de empleo o cargo público durante 6 años.

Y para los 44 acusados de realizar pagos para acceder ilegalmente a una de las viviendas de protección oficial por el deleito de cohecho del artículo 424 del Código Penal. Para ellos se solicita una pena de 3 años de prisión, multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros e inhabilitación de 6 años para obtener subvenciones y ayudas públicas así como  para contratar con entres y organismos y entidades públicas y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y dela Seguridad Social.

La Fiscalía también pide el sobreseimiento provisional de cinco de los investigados como beneficiarios de las viviendas de protección oficial al no constar su participación en los hechos.

También señala a la inmobiliaria Time to Buy S.L. como responsable civil de los delitoso y  solicita el embargo de los bienes e inmuebles de Antonio López,  reseñadas en el escrito de acusación, para asegurar el pago de las responsabilidades pecuniaras del delito.

El escrito de acusación de la Fiscalía señala que Antonio López Fernández, con el ánimo de enriquecerse ilícitamente y prevaliéndose de su cargo, desde su toma de posesión en la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta el 9 de julio de 2007 hasta su cese en 2015, fecha desde la que el acusado ya venía interviniendo en las promociones de adjudicación de Viviendas de Promociones Públicas,  articuló un sistema de adjudicación de  viviendas de promociones públicas subvencionadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta al margen del procedimiento legalmente previsto, en el que los adjudicatarios serían  terceras personas  que previamente le habían satisfecho determinadas cantidades de dinero, que oscilaban entre los 6.000 y 20.000 euros, en unas ocasiones directamente al mismo y en otras valiéndose de una serie de intermediarios y sin valorar los requisitos necesarios para su adjudicación o haciéndolo de manera torticera.

Este procedimiento, "teledirigido y torticero", fue el que se siguió para la adjudicación durante los años 2011 a 2017, de una promoción de 170 viviendas y otra de 317 de Loma del Colmenar, esta última adjudicación no se llegó a aprobar al suspenderse por estar cercano un periodo electoral pero el listado de beneficiarios se hizo público en un diario local.

Una vez que el acusado, Antonio López Fernández, obtuvo una ingente  cantidad de dinero ilícito, lo introdujo en el tráfico comercial dándole apariencia de legalidad al introducirlo, ocultando su procedencia ilícita,  mediante operaciones  de compra y venta de inmuebles, compra y venta de acciones en bolsa. vehículos, artículos de joyería, tanto en su nombre como a través de sociedades mercantiles creadas con este fin, concertando préstamos personales e hipotecas cuyas cuotas satisfacía con el dinero que obtenía de su actividad delictiva, llegando incluso a amortizar anticipadamente o cancelar las deudas con estos cobros ilícitos.

El importe total que el acusado introdujo en el circuito financiero legal ocultado su procedencia fue cercano a los dos millones de euros (1.978.658 euros) .

Para lograr su propósito Antonio López, se valió de una estructura por él diseñada y organizada, la cual actuaba siempre bajo sus órdenes y directrices conformándola por los trabajadores comerciales de Emvicesa, los representantes públicos de la Comisión de Vivienda y de intermediarios y captores de clientes.

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Ceuta, Miercoles 28 de Octubre del 2020

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