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Hachuel con Vivas en un acto con la Policía Local en 2018
Tribunales
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La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta decidirá si Hachuel es culpable de un delito de prevaricación y discutirá si "todo se ha debido a un despropósito continuado por dejadez, a la ignorancia en aspectos administrativos esenciales de los organismos de la Ciudad Autónoma de Ceuta o a la voluntad deliberada de salvaguardar a los dos policías locales".

La Audiencia Provincial ha estimado el recurso presentado por la acusación particular contra Jacob Hachuel, ex consejero de Gobernación de Ceuta, por no haber llevado a cabo la inhabilitación de dos policías locales condenados por el Supremo por dar una paliza a un hombre de 57 años y será juzgado por un delito de prevaricación.

Los hechos se remontan al año 2005 cuando los policías locales detuvieron a Abselam Mohamed Mohamed tras una persecución por la zona del Morro al no parar a petición de los agentes. Cuando este fue detenido y esposado, los policías le propinaron varios golpes en el suelo que le llevó a estar de baja por distintas heridas por 188 días, quedándole diversas secuelas físicas. Estos actos se llevaron hasta el Tribunal Supremo, que llegó a condenar a los dos policías a dos años de prisión y veintidós de inhabilitación en 2014 por un delito de lesiones con el agravantes de abuso de autoridad. Después de esto, la Audiencia Provincial suspendió esta sentencia con la condición de que los agentes no volviesen a cometer ningún delito en dos años.

Al ser condenados, la entonces consejera de Gobernación, Yolanda Bel, "ordenó la incoación del procedimiento disciplinario a la vez que se comunicaba a Recursos Humanos, teniendo constancia con posterioridad a ello de lo relativo a la suspensión de la pena de prisión y su extensión a la inhabilitación especial accesoria".

"El Reglamento de Régimen disciplinario de la Policía Local de Ceuta califica como una infracción muy grave […] “…Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito doloso relacionado con el servicio…”. Así ocurrió en el caso los dos policías locales que se han aludido", lo que "responde al principio de irrefutabilidad penal de los funcionarios". Ante las infracciones muy graves se establece una sanción de separación del servicio como la de suspensión de funciones entre tres y seis años en aplicación del artículo 9.1.A) del Reglamento de Régimen disciplinario de la Policía Local de Ceuta.

Tras el inicio de este procedimiento disciplinario contra los dos policías, Jacob Hachuel es nombrado Consejero de Gobernación, y con fecha 5 de enero de 2016 firmó un decreto por el que ordenaba el sobreseimiento y cierre del expediente a los dos policías sin proceder a su inhabilitación y sin hacer caso al informe de Recursos Humanos del Ayuntamiento que advertía de que se podría haber cometido una infracción disciplinaria. El auto de la Audiencia ha sido muy claro aquí: "nos encontramos ante una resolución administrativa netamente errónea. No es que se adoptase un acuerdo más o menos acertado en el procedimiento disciplinario incoado, sino que nunca se llegó a analizar siquiera lo que podía ser objeto de infracción, cerrando el paso, además, a cualquier posible sanción tanto por el investigado como por cualquier otro órgano".

Tras varios sobreseimientos judiciales de la acusación contra Jacob Hachuel por un presunto delito de prevaricación y sus correspondientes recursos por parte de la acusación particular, al final la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz ha decidido sentar a Hachuel en el banquillo para tratar de esclarecer si se ha cometido el delito de prevaricación, ya que la sala entiende que, "a tenor de todo lo anteriormente expuesto resulta patente que existe algo más que esa mera sospecha que se requiere para ordenar continuar por los trámites del procedimiento abreviado" contra el acusado.

El ministerio fiscal se ha mostrado muy firme en su recurso, asegurando que “…aún cuando podamos achacar al Sr. Hachuel debido al cargo público que el mismo ocupa como Consejero de Gobernación su falta de conocimientos en la materia , que firmara sin leer el Decreto, que no supiera si había o no un informe previo, que no recordara si había leído o no la propuesta del instructor, cuestiones todas ellas que se presuponen realizan quienes ocupan cargos públicos como el del investigado al servicio de la ciudadanía, no cabe ser ajenos a que desde un principio, no sólo en la parte en la que él ha intervenido, toda la tramitación se ha visto envuelta en la más absoluta confusión, por lo que no es descartable que el investigado sea un eslabón más en esa cadena de despropósitos y que el mismo pudiera deberse a su mera ignorancia, y no a la voluntad deliberada de beneficiar a dos funcionarios de la policía loca".

También han tenido incidencia las diferentes versiones que Hachuel ha dado en sus diferentes comparecencias, primero que no tenía conocimientos jurídicos y se limitó a firmar el decreto, después que lo leyó, estaba conforme y lo firmó, más tarde declaró que él tenía las competencias para imponer sanciones disciplinarias pero no ordenar la pérdida de la condición de funcionario a los policías, que era competencia de Recursos Humanos...

Así, como expresa el auto de la Audiencia, "será en el plenario que pueda celebrarse si se abriera juicio oral donde podrá discutirse si todo se ha debido a un despropósito continuado por dejadez, a la ignorancia en aspectos administrativos esenciales de los organismos de la Ciudad Autónoma de Ceuta o a la voluntad deliberada de salvaguardar a los dos policías locales y, en este último caso, si el investigado fue realmente consciente de ello o ha sido utilizado por terceros que se han valido de él como un instrumento".

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Ceuta, Jueves 21 de Noviembre del 2019
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