La Fiscalía denuncia que no hubo garantías en las repatriaciones de menores desde Ceuta
Tribunales
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La agencia estatal de noticias EFE informa este martes que la Fiscalía ha denunciado ante el Tribunal Supremo que la Delegación del Gobierno no respetó los derechos fundamentales de los ocho menores que fueron retornados desde Ceuta a Marruecos de los más de 1.200 que entraron en mayo de 2021, en un proceso que se hizo "sin garantías" y "sin cumplir la ley española".

El fiscal Antonio Narváez se ha pronunciado así en la vista pública para resolver los recursos de la Abogacía del Estado y del Gobierno de Ceuta contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que confirmó aquella del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Ceuta, que condenó a la Delegación de Gobierno a tomar las medidas necesarias para conseguir el retorno de los menores repatriados a Marruecos en agosto.

En su intervención, ha señalado que "en ningún caso" se respetaron las garantías procesales ni procedimentales, ni respecto del acuerdo de 2007 entre España y Marruecos ni tampoco en relación a la Ley de Extranjería.

"No se producido ni observado ninguna garantía, ni se ha abierto expediente alguno, ni se han identificado a las personas", ha explicado el fiscal. "¿Qué garantías administrativas y judiciales se han observado para este retorno? Ninguna", ha añadido el fiscal, lo que a su juicio, acredita "un riesgo relevante" para los menores, según cuenta la agencia EFE.

El fiscal ha recordado que tras el "alud de 1200 menores" que entraron en Ceuta en mayo de 2021, estuvieron tres meses "en situación de desamparo" hasta que fueron retornados.

Y en respuesta al abogado del estado, que ha justificado la actuación en aplicación del acuerdo hispano marroquí, ha dicho que "no es un tratado" sino "un acuerdo administrativo internacional", que recoge en su articulado que se debe aplicar el "cumplimiento estricto de la legalidad" de ambos países.

"No se ha hecho, no se ha cumplido la ley española" cuando se trataba de "un colectivo vulnerable, sin arraigo, sin tutela y sin representación", ha destacado el fiscal para quien hasta en las situaciones excepcionales hay que cumplir la ley.

Por su parte, el abogado del Estado ha defendido la actuación de la Delegación de Gobierno porque los menores fueron acogidos por los servicios sociales del país vecino y acabaron con sus familias. Ni los padres ni el Reino de Marruecos, ha precisado, se han quejado sobre la salvaguarda de los derechos fundamentales de los menores.

Así, ha defendido que se salvaguardó el interés del menor y se realizó un procedimiento pactado entre ambos países en plena "crisis diplomática", si bien no fue el del Reglamento de Extranjería.

En la misma línea, el abogado del Gobierno de Ceuta ha defendido que los retornos de los menores fueron pactados en aplicación del acuerdo hispano marroquí y que fueron retornados una vez que los gendarmes marroquíes les hicieron entrevistas en suelo español.

Y todo esto se produjo tras una "auténtica invasión" de decenas de miles de personas que hizo que "la población se encerrara en sus casas aterrada" con "decenas de miles de inmigrantes por la ciudad" en una "situación previa al pillaje".

Pero la abogada de la ONG Coordinadora de Barrios ha respondido que aquello "no fue una crisis migratoria sino una crisis humanitaria como consecuencia de una crisis política entre España y Marruecos" en la que "no se respetaron las garantías de los menores ni la legislación española".

Al margen de criticar "la cesión de jurisdicción intolerable" que supusieron las entrevistas de gendarmes marroquíes en suelo español, la letrada ha dicho que hubo "un riesgo para los menores" porque "Marruecos lanzó a los niños contra la frontera" y luego estaba capacitado para hacerse cargo de ellos. "No estaba capacitado", ha añadido EFE.

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Ceuta, Martes 23 de Abril del 2024

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