· Pese a que no hay datos actualizados, desde los sindicatos se ha considerado que esta medida podría beneficiar a unas 4.000 personas
· “Pretendemos resolver de esta forma el gravísimo problema de pobreza laboral y de exclusión social de las familias trabajadoras”
CCOO y UGT han ofrecido hoy una rueda de prensa conjunta para informar sobre la Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Congreso de los Diputados para establecer una prestación de ingresos mínimos. Los encargados de ofrecer dicha rueda de prensa han sido el secretario general de CCOO, Juan Luis Aróstegui y el ugetista Eloy Verdugo.
Tal y como han dado a conocer ambos sindicalistas, el objetivo de esta iniciativa es “tramitar, una vez recogidas las firmas preceptivas en los nueve meses que hay de plazo, una proposición de ley que responda a la creación de una nueva prestación que sea la última malla de protección sociolaboral para las familias trabajadoras de nuestro país”.
Por este motivo, los sindicatos instalarán durante los próximos días un stand de recogida de firmas de apoyo a esta iniciativa legislativa popular en las zonas de paso y de confluencia de ceutíes.
Sobre esta cuestión, Aróstegui ha indicado que esta iniciativa tiene dos objetivos, “rescatar a las personas y combatir las desigualdades”
Los potenciales beneficiarios serían 2,1 millones de ciudadanos, siendo en Ceuta alrededor de 4.000 personas las que se podrían ver beneficiadas, y la cuantía de la prestación estaría en el “80% del IPREM, es decir, a día de hoy 426 euros. Pero habría que complementar esa cantidad, por cada miembro de la unidad familiar, con otra que tendrá que especificar el Parlamento y los poderes democráticos”.
Esta nueva prestación “debe estar vinculada a la Seguridad Social, es decir, que dependerá de la Administración General del Estado. Por lo tanto, no estamos hablando de un ingreso mínimo que vaya a sustituir al de las Comunidades Autónomas”.
“Pretendemos resolver de esta forma el gravísimo problema de pobreza laboral y de exclusión social de las familias trabajadoras de nuestro país, que ha aflorado con gran brutalidad con la recesión económica y con la crisis”.
La percepción “no exige tener responsabilidades familiares y debe mantenerse en el tiempo hasta que el beneficiario o beneficiaria pueda encontrar un puesto de trabajo que le permita remediar esta situación”.
Para nuestro país “es una necesidad vital definir esta prestación vinculada a la Seguridad Social. La nueva pobreza así lo exige y lo que pretendemos es cubrir esta necesidad. No queremos competir con ninguna propuesta de ningún partido político” y, prueba de ello, es que todos los grupos políticos del arco parlamentario han querido estar presentes en el registro de esta iniciativa.
