Los consumidores piden políticas eficaces para lograr la accesibilidad universal
Sociedad
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Este año, una de las cuestiones en la que trabajarán en la Asociación Española de Consumidores (ASESCON) es lograr la accesibilidad universal, tanto de las ciudades en sus espacios comunes como en todos sus edificios.

En ASESCON consideran que las ciudades deben ser espacios en los que todos los vecinos se sientan cómodos viviendo en su total integridad, con calidad de vida y, para ello, lo primero que se debe trabajar es la accesibilidad en sus viviendas.

Actualmente, en España, hay unas cien mil personas que no pueden salir nunca de sus casas por problemas de accesibilidad. Por ello, desde la Asociación Española de Consumidores pedimos que aparte del cambio aprobado ayer con la Constitución Española se legisle para conseguir una igualdad plena de derechos que es de lo que se trata y donde vemos que miles de ciudadanos no tienen sus derechos garantizados ni reconocidos.

La legislación actual indica que todas las personas con discapacidad o que sean mayores de 70 años pueden pedir que en el edificio se realicen obras que mejoren la accesibilidad para poder entrar y salir de la vivienda. Así, la comunidad de vecinos está obligada a realizar las obras que garanticen una mayor accesibilidad cuando el coste total de la obra suponga para cada vecino menos de 12 mensualidades de la cuota habitual por gastos comunes. Para calcular esa cantidad, al coste total de la obra se le restan las subvenciones o ayudas públicas que se puedan recibir para acometerlas.

Ahora bien, cuando las obras tengan un importe mayor de 12 mensualidades de la cuota general para cada propietario, se someterá a votación. Si en la votación la mayoría de los vecinos vota sí a las obras, todos los propietarios estarán obligados a pagar su parte, aunque hayan votado en contra y aunque no vayan a hacer uso de esos elementos.

Y ahí es donde está el problema para esas personas que no pueden salir de sus casas. Por ello, resulta necesario abordar un cambio normativo en la legislación de propiedad horizontal para que se proceda a la accesibilidad en todos los edificios sin que suponga esto un perjuicio para la persona con discapacidad para los casos en los que los costes sean superiores a esas doce mensualidades o simplemente en los casos en los que no se hagan las obras necesarias por falta de sensibilidad.

Otro de los cambios legales que se tienen que contemplar es el establecimiento de plazos para ejecutar las obras desde que se piden por la persona con discapacidad, contemplando medidas coercitivas para las Comunidades que no cumplan con la legislación vigente y la posibilidad de ejecución subsidiaria por parte de los ayuntamientos al igual que sucede con obras de seguridad en edificios.

En los próximos días, el presidente de la Asociación Española de Consumidores dirigirá un escrito a la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana para que el impulso normativo parta del Gobierno de España.

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Ceuta, Sábado 13 de Abril del 2024

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