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El Defensor del Pueblo reitera su compromiso con la defensa de las personas migrantes
Sociedad
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En el Día de las personas migrantes, que se celebra mañana, el Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, quiere reiterar su compromiso con la defensa de los derechos de estas personas y poner en valor los efectos positivos de la inmigración.

Fernández Marugán ha destacado en numerosas ocasiones el impacto positivo de la migración para ayudar a revertir la crisis demográfica que vive España y hacer frente a la despoblación. En su opinión, es imprescindible concebir a los inmigrantes como una parte estructural de la población, consolidada en territorio y en la sociedad española.

Para el Defensor y así lo ponía de manifiesto en uno de los apartados de su último informe anual dedicado a la situación demográfica en España, “la legislación de extranjería no parece haber tomado en consideración la importancia del fenómeno migratorio para la realidad española”.Así, señala que “las dificultades de acceso a la regularidad documental, la facilidad con la que los trabajadores migrantes pueden caer en la irregularidad sobrevenida o las exigencias para poder reagrupar a sus familiares, son solo algunos ejemplos de esedivorcio entre la regulación legal del fenómeno migratorio en España y su realidad”. Fernández Marugán considera que “es necesario armonizar la legislación de extranjería con el mercado de trabajo”.

En su último informe anual, al igual que en informes anteriores, la Institución alertaba de la gravedad de la situación en la que se encuentra el sistema de acogida español para personas solicitantes de protección internacional.

En opinión del Defensor, el sistema no ha sido capaz de generar nuevas plazas a la velocidad que requería la cantidad de nuevas solicitudes que se formulaban, dejando a un número significativo de personas en una situación de total desprotección, especialmente preocupante en aquellos casos que afectan a menores.

Fernández Marugán ha alertado de la situación “límite” en la que se encuentra el sistema de asilo y ha pedido a todas las administraciones implicadas que se coordinen para ofrecer “una acogida digna a los solicitantes de protección internacional” y para solucionar las demoras en la tramitación de los expedientes.

La Institución está recibiendo quejas que ponen de manifiesto las dificultades de los solicitantes de asilo para acceder a plazas dentro del sistema de acogida a solicitantes y beneficiarios de protección internacional. En este sentido, el Defensor está formulando sugerencias a la Secretaría de Estado de Migraciones para que asignen a estas personas recursos de forma inmediata tal y como establece la Directiva 2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la acogida de solicitantes de protección internacional.

En lo que va de año más de 93.000 personas han llegado a España y han solicitado protección internacional. El Defensor considera que hay que ver este incremento de llegadas como “una oportunidad” que puede ayudar a mejorar la situación de algunos territorios con poca población y actividad. En este sentido, cree que la concentración de recursos en Madrid y en Barcelona es “ineficiente” y apuesta por encontrar acogida para estas personas en otras comunidades autónomas.

En los últimos meses se han producido ataques contra menores extranjeros no acompañados y se han lanzado mensajes intolerantes y xenófobos contra estos niños y niñas que el Defensor ha condenado firmemente. Fernández Marugán ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad y muy particularmente a los poderes públicos, formaciones políticas y medios de comunicación, para que combatan firmemente estos mensajes.

Para el Defensor, cuidar y atender a estos niños y niñas que llegan solos a nuestro país “es una obligación legal y ética de toda la sociedad”. Así, recuerda que tenemos que protegerles a ellos de la manera más eficaz posible, no protegernos de ellos,  porque son los más vulnerables de los vulnerables. En este sentido, insiste en que no debemos olvidar que por encima de todo son niños y niñas y nunca pueden ser un problema.

En relación al acceso de la población migrante al sistema nacional de salud, recientemente, la Institución ha formulado nuevas recomendaciones para garantizar el derecho a la salud de todas las personas. Así, ha recomendado al Ministerio de Sanidad cambios normativos para atender a personas sin derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos que se encuentren en situación de vulnerabilidad y ha pedido a las comunidades autónomas que garanticen que las personas en situación de estancia temporal por extranjería, y en circunstancias excepcionales de necesidad y vulnerabilidad social, puedan acceder a la atención sanitaria gratuita.

El Defensor recuerda que el derecho constitucional a la protección de la salud en España impone al Sistema Nacional de Salud el deber de dar cobertura a todas las situaciones en las que haya un riesgo para la vida e integridad física de las personas.

En la actualidad, la Institución está tramitando algunas quejas que denuncian las dificultades que están encontrando aquellas personas que todavía no han podido formalizar su solicitud de asilo, a la hora de acceder al Sistema Nacional de Salud, una situación generada por la saturación actual de los servicios administrativos que atienden a los solicitantes de protección internacional.

En materia migratoria, el Defensor del Pueblo siempre ha señalado los retrasos en la tramitación de los expedientes de nacionalidad como una de las cuestiones en las que es imprescindible una actuación urgente de la Administración. Desde hace años, la Institución recibe miles de quejas por las demoras en la resolución de los expedientes para adquirir la nacionalidad española por residencia y por este motivo, el Defensor ha realizado numerosas actuaciones para intentar conocer con exactitud los problemas que hacen que se produzcan estos retrasos.

La Administración reconoce la demora existente y en estos años ha adoptado distintas medidas como el plan intensivo de nacionalidad o la suscripción de encomiendas de gestión para intentar acabar con el atasco de expedientes.

Para muchas de estas personas el problema no acaba una vez que se les concede la nacionalidad ya que para completar su adquisición se debe efectuar el trámite de jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes y la adquisición debe inscribirse en el Registro Civil, dado que hasta ese momento no es posible obtener la certificación que debe aportarse para obtener el DNI. Tras la concesión de la nacionalidad se dan dos tipos de situaciones: las personas a las que se les notifica la resolución y aquellas que la conocen tras efectuar su consulta a través de la web habilitada por ese ministerio.

La Institución ha recibido numerosas quejas de personas que se encuentran en ambas situaciones y que ponen de manifiesto la imposibilidad de conseguir cita para realizar el trámite de jura de la nacionalidad, paso previo a la inscripción en el registro civil español. En el primer caso denuncian que la cita asignada está fuera del plazo de 180 días que marca la norma o bien expresan su temor de que transcurra este plazo y no puedan acreditar que han intentado conseguir la cita. En el segundo manifiestan su queja por la demora en la notificación de la resolución.

Tras estudiar estas quejas, el Defensor ha recomendado que se adopten las medidas necesarias para que sea el Registro el que, al mismo tiempo que notifica la resolución de concesión, asigne fecha y comunique la misma al interesado para la realización del trámite de jura. Además, pide que en aquellos casos en los que la resolución ya ha sido notificada, el registro cite al interesado para realizar la jura en el plazo establecido por la Ley.

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Ceuta, Martes 22 de Septiembre del 2020

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