El Defensor del Pueblo pide que se agilicen los traslados de inmigrantes a la península. Archivo
Sociedad
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El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha entregado hoy en el registro de las Cortes Generales un monográfico sobre la migración en las islas Canarias durante el pasado año. En este periodo, 23.023 personas han llegado a las costas del archipiélago. El documento recoge las principales conclusiones de la Institución que en los últimos meses de 2020 ha realizado una exhaustiva supervisión de las instalaciones de recepción, detención y acogida de personas extranjeras.

Fernández Marugán considera que para abordar esta situación es necesaria la solidaridad de todas las comunidades autónomas y también reclama una política migratoria europea común. En este sentido, valora positivamente el tercer Plan África vigente desde 2019.

En su opinión, hay queaprovechar la oportunidad que nos ofrece esta crisis para mirar más allá de la emergencia y abordar una política migratoria que tenga en cuenta las necesidades específicas de nuestro mercado de trabajo y nuestra sociedad, en el marco de una política europea”.

El Defensor señala que en 2020 se ha producido un incremento de la migración marroquí. Así, pone como ejemplo la provincia de Las Palmas donde de las 19.852 personas que ha recibido en 2020, más de un 60% eran de procedencia marroquí, seguidos a mucha distancia de 3.104 ciudadanos malienses. A su juicio, ha llegado el momento de “afrontar algunos cambios en nuestra política consular, por ejemplo, explorando las vías que nos ofrecen los visados de búsqueda de empleo y facilitando los trámites para la reagrupación familiar o la venida de estudiantes marroquíes a España”.

El Defensor considera que “no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación de derechos tales como la libre circulación, con el argumento del control migratorio y de evitar el efecto llamada”.

Las restricciones a la libre circulación de los solicitantes de asilo en Ceuta y en Melilla, y ahora en Canarias, son objeto de quejas recurrentes ante el Defensor. La Institución lleva años reiterando que el solicitante de asilo ostenta el derecho fundamental a la libertad de circulación por todo el territorio español y puede fijar libremente su residencia en todo el territorio nacional siempre que lo comunique a la Administración. Criterio que, tras numerosas resoluciones judiciales, ya es doctrina del Tribunal Supremo.

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Ceuta, Lunes 26 de Julio del 2021

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