· La primera toma de contacto será este jueves con un stand ubicado en el paseo del Revellín
· Villadén manifiesta que en Ceuta, según un estudio aproximado, la capacidad asistencial ha bajado un 11%
Maria Luisa Villadén, presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Ceuta, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para dar a conocer la Iniciativa Legislativa Popular que se está promoviendo a nivel nacional con el objetivo de modificar la Ley de Dependencia y establecer criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones por parte de las personas beneficiarias.
Villadén ha avanzado que el próximo jueves ubicarán un stand para iniciar la recogida de firmas en Ceuta, resaltando que la intención es superar el medio millón de firmas en todo el territorio nacional. El stand del jueves estará abierto de 9.00 a 14.00 horas y se ubicará en el paseo del Revellín.
Durante su comparecencia también ha resaltado que en Ceuta han calculado que ha bajado en un 11% la capacidad asistencial.
Villadén ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad española para solidarizarse con estos objetivos plasmando su respaldo en la firma masiva de la Iniciativa Legislativa Popular para la aprobación de la "Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias".
Desde el CERMI se ha indicado que "resulta urgente e imprescindible modificar la Ley 39/2006 para establecer criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones de autonomía personal y atención a la dependencia por parte de las personas beneficiarias, mujeres y hombres con discapacidad y de edad avanzada".
Por ello, piden la modificación del artículo 14 de la vigente Ley, para precisar que será también objeto de normativa reglamentaria estatal la regulación de la participación en el coste de las prestaciones, al igual que ocurre ahora con la capacidad económica, así como la ampliación de los factores que se tienen presentes a la hora de determinar tanto la renta como el patrimonio, añadiendo a la edad el momento vital de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona beneficiaria.
Asimismo, solicita la modificación del artículo 33 del texto legal para incorporar garantías para las personas beneficiarias que modulen su esfuerzo de participación en el coste de las prestaciones que reciben, como la exención de aportación por debajo de un determinado umbral de capacidad económica (2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -IPREM-); la limitación máxima en la participación, que quedaría fijada en el 60% del precio de referencia del coste del servicio; o la seguridad de un mínimo para gastos personales, que no sería inferior al 40% de la capacidad económica.{jathumbnail off}