ADICAE reclama a la Audiencia Nacional celeridad y prioridad para la finalización de un proceso con más de 8 años. Mientras la justicia aplica todo su celo para velar por los derechos de los 14 imputados, más de 190.000 afectados continúan sin solución a uno de los mayores fraudes al ahorro habidos en España.
ADICAE prepara una campaña para exigir al Gobierno el cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en el Congreso el 19 de noviembre.
El cierre definitivo de la instrucción y el traslado del sumario a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional no es ninguna novedad para los afectados, después de que en julio de 2013 el juez Pedraz ya diese por zanjada una investigación que un absurdo recurso de los imputados ha demorado, inexplicablemente, más de un año más.
Dada la experiencia habida en otros macro procesos los afectados, junto a ADICAE, reclaman a la Audiencia Nacional priorizar los trámites relativos al procedimiento para que el juicio oral se abra de manera inminente, y no sea necesario esperar meses o incluso años como ha sucedido en otras ocasiones.
"Resulta inconcebible que sean necesarios más de 8 años y medio para investigar un fraude que la propia Fiscalía, acusaciones como ADICAE (acusación popular) e innumerables informes cualificados acreditaron ya hace años", ha sentenciado Antonio Pulido, representante de ADICAE en la Plataforma unitaria "Solución Forum-Afinsa" que agrupa a la inmensa mayoría de los afectados. "En todo caso, una vez superada esta interminable fase, no hay excusas posibles para agilizar el procedimiento salvo que se pretenda ahondar en el descrédito de la justicia para dar respuesta a los más graves problemas de los consumidores", ha añadido.
La resolución de la Audiencia desestimando el recurso de los imputados coincidió extrañamente con el debate parlamentario del pasado 19 de noviembre, en el que el Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de Ley instando al Gobierno a evaluar la situación y la posible adquisición a los afectados de sus deudas, dado el alcance del fraude y la ausencia de solución alguna tras más de 8 años desde el estallido del mismo.
"Ante este paso adelante de los afectados tras años impulsando una solución política en Ayuntamientos, Parlamentos Autonómicos y las propias Cortes Generales, la reivindicación y exigencia de respuesta concreta se traslada nuevamente al Gobierno", ha señalado Pulido, "al que solicitamos la ejecutividad del planteamiento que le ha hecho llegar el Parlamento a la vista además de que las resoluciones judiciales serán papel mojado en la medida en que no permitan un razonable resarcimiento a los cientos de miles de familias afectadas por este monumental escándalo".
