La comparecencia hoy de Manuel Pardos en las Cortes de Aragón ha arrojado luz sobre el proceso que llevó a la CAI y al conjunto de cajas de ahorro de España a una situación de 'quiebra corrupta' y ha planteado unas perspectivas de futuro que parten de un cambio radical del modelo de relación con los consumidores por parte del sector financiero.
Para el Presidente de ADICAE, la situación de la entidad ahora incluida en el grupo bancario Ibercaja (que ha necesitado recursos públicos para poder hacer frente a una situación económica de quiebra de 'facto'), ha sido provocada en gran medida por un sistema organizativo y de gobierno de la misma completamente pernicioso para los intereses de la propia caja de ahorros y de los clientes, que dejaba la gestión de la caja en manos de un numero cerrado de personas con gran poder y sin control, y que sólo atendía a sus exclusivos intereses.
En su intervención ante los representantes parlamentarios de las Cortes de Aragón el Presidente de ADICAE ha señalado que "no se puede aceptar una nueva dilapidación del patrimonio de las cajas de ahorro. Mucha gente podría vivir de manera más digna si el patrimonio de las fundaciones bancarias se dedica a lo que se debió dedicar siempre; quizás en ese caso no habría hambre en España"
Manuel Pardos ha añadido que "la dejación de funciones de los miembros del Consejo de CAI debe tener sanción; tienen responsabilidades y como mínimo debería exigírseles la devolución de su dietas, sin perjuicio de otras consecuencias que se deriven del 'crimen' de la dilapidación de cientos de millones de euros cometido", apostillando después que "No hay futuro sin depuración de responsabilidades. Hablar de malas prácticas es un eufemismo cuando hablamos de auténticos fraudes". En este marco ha apuntado a la posible actuación de ADICAE en la exigencia de responsabilidades penales a los miembros del Consejo y los órganos de gobierno de la CAI.
En este sentido ha señalado que"el análisis que ADICAE ha llevado a cabo con datos públicos muestra cómo existen unas pérdidas que se reconocen en 2012, mil millones, que estaban ya en 2009; miente la CAI y las auditoras, que solo salen a la palestra cuando la caja está en situación de quiebra e interviene el Banco de España".
