Autoridad Portuaria encarga una nueva tasación con carácter social de las viviendas de la Junta y San Amaro
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El presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Rodríguez Valero, se ha comprometido con los vecinos de la Junta Obra del Puerto y de San Amaro a encontrar una solución a la situación en la que se encuentran, tras la decisión tomada hace dos años de iniciar un procedimiento de enajenación para venderlas a sus actuales propietarios.

Según ha informado el abogado del colectivo afectado, José Vázquez, a los micrófonos de Onda Cero, Rodríguez Valero ha encargado una nueva tasación de las viviendas con carácter social -condicionante que reivindicaban los vecinos- y se ha comprometido, independientemente de cuál sea el valor final y siempre optando por el “más barato posible”, a que “no se va a echar a nadie de sus casas en caso de no poder hacer frente a la compra”.

Todo un mensaje de tranquilidad hacia los usuarios que, ante los nuevos movimientos de la Autoridad Portuaria, han decidido suspender el calendario de movilizaciones y actuaciones que tenía previsto.

Los vecinos, que se han personado en debida forma ante la Autoridad Portuaria y se han constituido en asociaciones legales en la Delegación del Gobierno, estimarán en adelante las alegaciones que convengan, según se les vayan notificando las novedades, para que el expediente de enajenación, en caso de llevarse a término, sea dentro de la legalidad.

Por el momento, no se puede baraja una horquilla de precios pero Vázquez apunta a que se debe tener en cuenta que se trata de “viviendas viejas, hechas con materiales bastantes pobres, para gente humilde”. Por ello, considera que “un organismo público no puede pretender hacer negocio con un patrimonio que ya no le sirve y quiere deshacerse de él”. Y, aunque tampoco se puede hablar aún de plazos, el abogado estima que el proceso puede demorarse de uno a dos años.

ANTECEDENTES

La situación de las viviendas situadas en la Junta Obra del Puerto y en la zona de San Amaro, mantiene en un sin vivir a sus inquilinos desde que la Autoridad Portuaria decidió venderlas hace dos años y, para ello, encargó una tasación que, según apuntan los residentes, “no se ajusta a la realidad”. Por ello, todos los afectados han decidido unirse y contratar a un abogado para luchar por sus derechos.

En las viviendas, que tienen alrededor de 100 años, nunca se ha realizado una rehabilitación en conciencia y, a pesar de ello, su mínimo mantenimiento cuesta a la Autoridad Portuaria alrededor de 450.000 euros anuales. Por ello, el organismo decidió desafectarlas del fin público al que estaban destinadas para poder iniciar así un procedimiento de enajenación que, una vez autorizado por Puertos del Estado, se convirtieron en un bien patrimonial de la Administración.

En esos momentos, la Autoridad Portuaria, al objeto de tener un criterio, decidió encargar a SEGIPSA la tasación de las viviendas, realizándose desde el punto de vista del mercado y del suelo, y sin tener en cuenta ningún otro tipo de condicionante, por lo que los vecinos consideran que “el precio no se corresponde con el valor real”.

Sin embargo, todo este proceso inicialmente se hizo de espalda a los propios usuarios, con quienes no se contó y se enteraron de la situación, hace unos meses, a través de la prensa cuando se publicó una tasación “totalmente fuera de lugar” que valoraba las viviendas entre 80.000 y 100.000 euros.

La situación de las viviendas de San Amaro presentan una problemática aún mayor, ya que no cuentan ni con cédulas de habitabilidad ni red de saneamiento.

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Ceuta, Jueves 20 de Enero del 2022

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