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Carolina Darias defiende la convalidación del Real Decreto-ley sobre incremento retributivo de los empleados públicos
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La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha destacado que “el incremento retributivo para las empleadas y los empleados públicos en 2020 se ha aprobado mediante Real Decreto-ley al no disponer de Presupuestos Generales del Estado, y porque concurren las condiciones de extraordinaria y urgente necesidad para hacer efectivo este incremento con efectos de 1 de enero”.

Carolina Darias, que ha defendido la convalidación del Real Decreto-ley 2/2020, de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de enero, ha recordado que la medida es una de las primeras adoptadas por este Gobierno: “Siguiendo las indicaciones del presidente y cumpliendo el compromiso de incrementar un 2% el sueldo de las empleadas y los empleados públicos a la mayor brevedad posible, dando cumplimiento así a los acuerdos firmados en 2018 por el Gobierno de España con los representantes sindicales de la Función Pública”.

La ministra ha resaltado el compromiso de las empleadas y los empleados públicos con la sociedad a la que prestan servicio y de la que son parte fundamental: “Les encargamos la educación de nuestros hijos e hijas, la salud y el bienestar de nuestros mayores, la seguridad de nuestras calles. Han sido los garantes de la equidad, de la solidaridad y de la dignidad de nuestra sociedad. Son las administraciones públicas, en todos sus niveles, quienes tienen la responsabilidad de asegurar la cohesión social, especialmente en momentos de dificultad”.

La ministra ha reivindicado la importancia de la entrega y dedicación al servicio público: “Tal y como dije el día en que asumí mi nueva responsabilidad, soy empleada pública, conozco en primera persona la disposición y la dedicación constante al servicio de la ciudadanía y reivindico la importancia que tienen la voluntad y el compromiso de servicio público. Es de justicia reconocer el papel de las trabajadoras y los trabajadores del sector público para hacer efectivos los derechos de nuestra ciudadanía, especialmente años atrás, donde las consecuencias de los recortes aún son visibles en algunos sectores de nuestra sociedad”.

Carolina Darias ha incidido durante su intervención en la contribución de las empleadas y los empleados públicos al sostenimiento de nuestra sociedad: “Han demostrado generosidad y entrega dignas de elogio, en unas condiciones difíciles, luchando contra injustos estereotipos. Quiero reconocer el papel que han jugado y juegan nuestros trabajadores y trabajadoras del sector público en el sostenimiento de una democracia efectiva y real. Ellos contribuyen a garantizar nuestros derechos civiles, políticos y sociales. Hacen posible que valores fundamentales de nuestra sociedad, como la seguridad pública, la igualdad, la justicia social y la libertad cristalicen en políticas y servicios públicos que mejoran las condiciones de vida”.

Este acuerdo, asegura la ministra, es un reconocimiento al trabajo de las empleadas y los empleados públicos y ha defendido la convalidación del Real Decreto-ley por la labor indispensable que desempeñan: “Desde el estallido de la crisis económica, han visto empeorar sus condiciones de trabajo, se han producido recortes de plantillas y tasa de reposición de efectivos muy bajas y las empleadas y empleados públicos han visto sus salarios congelados”.

“Es voluntad de este Gobierno -ha añadido- recuperar buena parte de los derechos perdidos a lo largo de estos años, voluntad que se plasmó con la aprobación de un Real Decreto-ley el 21 de diciembre del año pasado, para asegurar el incremento de las retribuciones en el sector público, ante la imposibilidad de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, garantizando a los trabajadores públicos el mantenimiento de su poder adquisitivo. Incremento que aumentó el 1 de julio de 2019, con la subida adicional del 0,25% relacionada al incremento del PIB en aquel momento”.

La recuperación de los derechos perdidos por los empleados y las empleadas públicos es justa, según la ministra, teniendo en cuenta que la pérdida de sus condiciones laborales no ha mermado su dedicación al servicio público: “Para este Gobierno es clave alcanzar un crecimiento económico sostenible, que garantice el trabajo digno, estable y de calidad. Es la razón por la que damos cumplimiento al acuerdo para aumentar las retribuciones en el sector público de forma rápida, o la razón por la que subimos el salario mínimo interprofesional. Se trata de dignificar el trabajo, porque las retribuciones justas al empleo benefician al conjunto de la sociedad y al conjunto de la economía, y este Gobierno considera que los trabajadores públicos son un sector clave de nuestra economía”.

Son necesarios salarios dignos y condiciones laborales que permitan a las trabajadoras y a los trabajadores desarrollar plenamente su proyecto de vida. Y en esta defensa, la ministra se ha centrado en las trabajadoras, porque son las mujeres quienes sufren las peores condiciones del mercado laboral: “Mi predecesora en el cargo, Meritxell Batet, suscribió acuerdos históricos en octubre de 2018 para mejorar la conciliación laboral y familiar y equiparar progresivamente los permisos de paternidad y maternidad en la Administración General del Estado”.

Ha afirmado con rotundidad que son medidas que marcan la diferencia y suponen pasos hacia auténticas políticas de corresponsabilidad y conciliación, para que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva y real y para la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones: “Mejores salarios, mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida, pensiones más dignas para nuestros mayores, como se propone en el Real Decreto-ley que revaloriza las pensiones. Son medidas para hacer una España mejor, más cohesionada, económicamente más fuerte y para mejorar la vida de la gente”.

El incremento retributivo con efectos 1 de enero se extiende a 2,5 millones de personas, entre personal funcionario, estatutario (sanitario), laboral y personal de empresas, fundaciones públicas y consorcios del conjunto de las administraciones públicas.

Asimismo, alcanza al personal de Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil, de la carrera judicial y personal al servicio de la Administración de Justicia, órganos constitucionales, altos cargos del Estado, así como personal de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Se regulan, además, los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados, ya que el Real Decreto afecta a las retribuciones que percibe el personal docente en dichos centros.

Contempla también un incremento salarial adicional en función de la evolución del Producto Interior Bruto (PIB), en el caso de que éste sobrepase el 2% de tasa interanual, con efectos de 1 de julio de 2020. Este incremento adicional alcanzaría hasta el 1% si el PIB fuera igual o superior al 2,5%. En todo caso, el Gobierno ha revisado a la baja esta expectativa de crecimiento en la Actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022, por lo que este incremento adicional estará condicionado al dato definitivo de crecimiento del PIB.

Se regula la posibilidad de que cada administración pública pueda destinar un 0,3% de su masa salarial, acordándolo con sus representantes sindicales, para fondos adicionales destinados a mejoras de productividad o eficiencia u otro tipo de medidas de mejora retributiva. Por último, el Real Decreto-ley establece un incremento adicional más, del 0,55%, en caso de que las administraciones públicas cumplan el objetivo de déficit en 2020.

El coste total estimado de la implementación de este Real Decreto-ley asciende a 3.212 millones de euros.

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Ceuta, Miercoles 01 de Diciembre del 2021

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