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La profunda crisis económica que atravesamos está obligando a los países a realizar profundas reformas. El modelo actual se ha mostrado inviable, ya nadie duda de la necesidad de cambiarlo para garantizar la viabilidad del Estado y para poder ofrecer respuestas a los cinco millones de españoles que hoy no ven ninguna salida. El problema pues no son las reformas, sino el tipo de reformas.

La ideología manda y la coyuntura económica hace propicio un desmantelamiento paulatino del Estado del Bienestar. ¿Dónde está el límite? La Sanidad, la Educación, la Dependencia.... son las primeras víctimas del Gobierno. Lo siguiente, el acceso a la Justicia.

Esta semana el Senado ha ratificado el Proyecto de Ley por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. Un proyecto que ha suscitado importantes criticas tanto por la forma de su tramitación como por su contenido.

La propuesta del Gobierno, que sólo puede entenderse desde la lógica de los recortes sociales y de derechos, supone una regresión al sistema imperante hace 50 años y que fue superado en 1986. Esta ley viene a cercenar el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la CE) ya que con su aplicación dejará de estar garantizado el acceso a la justicia de toda la ciudadanía con independencia de su situación económica o posición social.

Y es que, la regulación propuesta por el Ejecutivo impone al ciudadano el pago de elevadas tasas para poder acudir a los tribunales, en todos los órdenes salvo en el penal. El nuevo tributo se impondrá a toda persona física o jurídica y se pagará por igual con independencia de la capacidad económica del litigante. En el caso de las personas físicas, únicamente se eximirá a los beneficiarios del derecho a la justicia gratuita, esto es, aquellos que pertenezcan a una unidad familiar con ingresos inferiores a dos veces el IPREM, actualmente unos 1,065€ mensuales.

Con la entrada en vigor de esta ley, un trabajador o pensionista que quiera recurrir en el orden social deberá abonar entre 200 y 500€, impugnar una multa de tráfico de 100€, costará 200€, y si lo que queremos es iniciar un pleito civil, hay que preparar el bolsillo porque, dependiendo del coste del pleito, podríamos hablar ya de miles de euros. La protección al consumidor será una quimera porque, en general, muchos ciudadanos preferirán no acudir a la justicia y resignarse, en lugar de defender sus derechos.

Son muchas las voces que se han alzado contra esta medida abusiva y discriminatoria que, si nadie lo impide, entrará en vigor en breves fechas. Los socialistas han  reclamado al Gobierno que se replantee la pertinencia de las nuevas tasas dado el "rechazo generalizado", máxime en un momento como el actual. Tampoco ha sido el Gobierno sensible a las enmiendas propuestas en el trámite ante el Senado.

Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española aprobó por unanimidad un manifiesto oponiéndose a la propuesta y pidiendo al Gobierno que reconsidere su postura y busque soluciones eficientes y eficaces a los problemas de la Administración de Justicia.

Preocupación también en los sindicatos. La nueva ley cierra el círculo de acoso a la clase trabajadora. La reforma laboral deja al trabajador indefenso ante el empresario mientras que las nuevas tasas le obstaculizan la tutela judicial.

El Gobierno intenta ocultar el carácter recaudatorio y disuasorio de la nueva regulación  y defiende su propuesta como una forma de racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y de asegurar el sostenimiento del sistema de justicia gratuita. Argumenta, además, que ya existen tasas para el acceso a la justicia y que fueron avaladas por el Tribunal Constitucional. Olvida el Gobierno varias cosas:

En primer lugar, en la actualidad el pago de tasas sólo se pide para asuntos civiles y contencioso administrativo, estando exentas las personas físicas y las empresas pequeñas. Fundamentalmente son tasas módicas en su importe que se exigen a empresas con una facturación determinada. El Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de este sistema. La propuesta del Gobierno dista mucho de la anterior y supone verdaderas trabas para el acceso a la justicia. La posible inconstitucionalidad de la ley es más que evidente.

En segundo lugar, la saturación de nuestros juzgados no puede servir de excusa para convertir el acceso a la Justicia en una empresa imposible para la ciudadanía. Ya existen, y así lo afirma el CGPJ, mecanismos legales para actuar contra aquellos que abusan; con su reforma, el Gobierno no discrimina entre uso o abuso ni tiene en cuenta la capacidad económica del que litiga. Las tasas se imponen a todos por igual, como si demandar fuera un capricho. Así, para el que tiene medios, el uso y el abuso seguirá siendo una opción; para el que carezca de ellos, ¿qué opciones quedan?

Quizá el ruido de esta reforma no sea tan grande como el de otras llevadas a cabo por el Gobierno del PP, pero sus consecuencias son igualmente preocupantes. El acceso a la justicia es un pilar fundamental del Estado de Derecho y, lamentablemente,  sólo seremos conscientes de los efectos de esta medida cuando nos encontremos en una situación vulnerable, cuando sea necesario defender nuestros derechos y nos demos cuenta de que antes de pensar en hacerlo, tenemos que echar cuentas.

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Ceuta, Miercoles 26 de Febrero del 2020
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