El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha conmemorado este martes, junto a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, el 40 aniversario de la institución del Defensor del Pueblo, en un acto celebrado en el Congreso de los Diputados.
El Defensor del Pueblo ha señalado durante su intervención que “las instituciones competentes y justas son la mayor garantía de la convivencia democrática y el compromiso, la ejemplaridad y el trabajo de quienes estamos en ellas son la clave del respeto a la dignidad de los ciudadanos. Debilitarlas o desconsiderarlas es una afrenta directa a la ciudadanía. A su juicio, “estos 40 años nos indican que, en medio de no pocas dificultades, es posible ampliar los cauces de la dignidad. Y en medio de no pocas dificultades, también hay mucho que celebrar”.
Ángel Gabilondo ha repasado la actividad de la institución desde 1982. En este tiempo se han recibido en el Defensor del Pueblo casi un millón de quejas de los ciudadanos y se han iniciado 7.598 actuaciones de oficio. Asimismo, se ha dirigido a las diferentes administraciones 20.465 resoluciones (8.605 recomendaciones y 11.860 sugerencias). Los asuntos que más han preocupado a los ciudadanos en estas cuatro décadas han estado relacionados con las dilaciones judiciales, la atención sanitaria, la seguridad social, el empleo, la educación, los servicios públicos esenciales, la vivienda o los impuestos.
El Defensor del Pueblo también se ha referido al trabajo de la institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que, desde su instauración en 2010, ha llevado a cabo 1.167 visitas a lugares de privación de libertad en toda España.
Para Ángel Gabilondo, la institución que dirige “ha de palpitar al ritmo del corazón de la Constitución, que ya en su preámbulo proclama la voluntad de garantizar la convivencia democrática, dentro de la misma y de las leyes”. Tras apuntar que “esa es la tarea fundamental del Defensor del Pueblo: propiciar las mejores condiciones para la convivencia”, ha señalado que “ello exige establecer la justicia, la libertad y la seguridad, que han de ir intrínsecamente unidas a fin de promover el bien común, lo que supone concretarlo en la igualdad y la solidaridad, conforme a un orden económico y social justo”.
Asimismo, el Defensor del Pueblo ha recordado a sus predecesores en el cargo y ha agradecido la labor de todos ellos para proteger y defender los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, derechos reconocidos en el texto constitucional
